CDMX apuesta por vivienda social con la expropiación de tres predios deteriorados

El Gobierno de la Ciudad de México expropió tres inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza para destinarlos a la construcción de vivienda de interés social y popular a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI). Los predios abarcan una superficie conjunta de 775.61 metros cuadrados y fueron identificados con alto riesgo estructural, de acuerdo con la información difundida sobre los decretos publicados en la Gaceta Oficial capitalina.

Los inmuebles se localizan en las colonias Moctezuma, Centro y Obrera. La medida busca sustituir edificaciones deterioradas por espacios habitacionales que cumplan condiciones de seguridad y permitan ofrecer vivienda asequible, además de brindar certeza jurídica a las personas que ocupan o poseen los predios.

De acuerdo con los datos publicados, el primer inmueble se encuentra en Oriente 166, número 385, colonia Moctezuma, alcaldía Venustiano Carranza, con una superficie de 185.65 metros cuadrados. El segundo está ubicado en República de Nicaragua, número 7, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, y cuenta con 452 metros cuadrados. El tercero se localiza en José Joaquín Pesado, número 7, colonia Obrera, también en Cuauhtémoc, con una extensión de 137.96 metros cuadrados.

El motivo central de las expropiaciones es el riesgo que representan las condiciones físicas de los edificios. Según la información difundida, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México emitió los dictámenes que clasifican los tres inmuebles como de alto riesgo estructural, una condición que plantea la necesidad de intervenir para prevenir afectaciones a sus ocupantes.

Los decretos establecen la incorporación de los predios al patrimonio destinado a las acciones habitacionales del INVI. Una vez que entren en vigor las disposiciones correspondientes, el organismo podrá tomar posesión física y administrativa de los inmuebles e integrarlos a su reserva inmobiliaria para desarrollar los proyectos previstos.

La información también señala que las personas poseedoras u ocupantes solicitaron al Gobierno capitalino la expropiación y manifestaron su conformidad con el programa de vivienda correspondiente. Este elemento forma parte de los antecedentes de la medida, aunque los detalles específicos sobre el número de familias beneficiarias, las características de las futuras viviendas y los plazos de construcción no están precisados en la información disponible.

La intervención se enmarca en la política de vivienda social y popular de la capital, que busca ampliar las alternativas habitacionales para sectores con dificultades para acceder al mercado inmobiliario. La ubicación de los predios en zonas urbanas consolidadas puede facilitar el acceso a servicios, transporte e infraestructura existente, siempre que los proyectos se desarrollen con criterios adecuados de movilidad, seguridad y habitabilidad.

Sin embargo, la expropiación constituye únicamente una etapa administrativa y patrimonial; por sí misma no garantiza que las viviendas estén construidas ni que las familias puedan ocuparlas en un plazo determinado. Para evaluar los resultados será necesario conocer los proyectos ejecutivos, el presupuesto asignado, el número de unidades previstas, los mecanismos de asignación y el calendario de ejecución.

El seguimiento de estos tres casos permitirá determinar si la incorporación de inmuebles con problemas estructurales se traduce en soluciones habitacionales concretas y seguras. La publicación de los decretos en la Gaceta Oficial y la actuación del INVI serán referencias institucionales para verificar el cumplimiento del objetivo anunciado por el Gobierno de la Ciudad de México.