Aprueban en CDMX reforma para reconocer el cuidado como responsabilidad del Estado

La Ciudad de México dio un paso histórico en materia de derechos sociales al aprobar una reforma constitucional que reconoce el derecho al cuidado, al autocuidado y a ser cuidado como una obligación del Estado. Aunque la medida fue respaldada por unanimidad en el Congreso capitalino, especialistas y legisladores coinciden en que el verdadero desafío será garantizar recursos, infraestructura y políticas públicas que permitan convertir el nuevo marco legal en una realidad cotidiana para millones de personas.

Con 62 votos a favor y sin oposición, el Congreso de la Ciudad de México aprobó modificaciones al artículo 9 de la Constitución local para elevar a rango constitucional el derecho al cuidado. La reforma establece las bases para consolidar un Sistema Público de Cuidados orientado a reconocer, redistribuir y reducir las tareas de cuidado que históricamente han recaído de manera desproporcionada en las mujeres.

El nuevo marco jurídico busca transformar la lógica tradicional de los cuidados no remunerados, considerada por organismos internacionales como una de las principales fuentes de desigualdad económica y de género. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mujeres destinan significativamente más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados que los hombres, lo que limita sus oportunidades laborales, educativas y de desarrollo personal.

La reforma retoma iniciativas impulsadas desde 2025 por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien promovió programas enfocados en servicios gratuitos de atención y apoyo comunitario, como casas de día, lavanderías públicas, centros de cuidado infantil y comedores comunitarios. El objetivo central es que las labores de cuidado dejen de ser vistas como una responsabilidad individual o familiar y se conviertan en una responsabilidad compartida entre Estado, sociedad y sector privado.

Durante la discusión legislativa, diputados de distintas fuerzas políticas coincidieron en que la aprobación representa un avance significativo para la capital del país. Sin embargo, voces como la del legislador Royfid Torres advirtieron que la reforma requerirá asignaciones presupuestales sostenidas y una red institucional sólida para evitar que quede únicamente en el plano discursivo.

La reforma también posiciona a la Ciudad de México como una de las entidades más avanzadas del país en materia de cuidados, en línea con tendencias internacionales y experiencias recientes en otras entidades como el Estado de México. Expertos en políticas públicas consideran que el reconocimiento constitucional podría convertirse en referencia nacional si logra traducirse en servicios accesibles y cobertura efectiva para personas mayores, infancias, personas con discapacidad y cuidadores.

Uno de los aspectos más relevantes es el reconocimiento del valor económico y social del trabajo de cuidados. Diversos estudios han señalado que estas actividades sostienen buena parte de la economía, aunque permanecen invisibilizadas y sin remuneración. La reforma plantea que el Estado deberá generar mecanismos para redistribuir estas tareas y disminuir las brechas estructurales que afectan principalmente a las mujeres.

A pesar del consenso político alcanzado en el Congreso local, especialistas consideran que el éxito del Sistema de Cuidados dependerá de su implementación territorial, coordinación institucional y suficiencia financiera. La demanda de centros de atención, personal capacitado y servicios comunitarios podría representar uno de los mayores retos administrativos para el gobierno capitalino en los próximos años.

La aprobación de esta reforma ocurre en un contexto de creciente debate nacional sobre los derechos sociales, la igualdad sustantiva y la necesidad de fortalecer políticas públicas enfocadas en cuidados. Organismos internacionales como ONU Mujeres y la CEPAL han insistido en que los sistemas integrales de cuidados son fundamentales para reducir desigualdades y garantizar una mayor participación económica de las mujeres.