Afores en la mira: Congreso CDMX avala embargo para garantizar pensión a menores

Ciudad de México, 28  de abril de 2026. Con el argumento de priorizar el interés superior de la niñez, una comisión del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que permitiría embargar, de forma excepcional, parcial y proporcional, los recursos de la subcuenta de retiro de personas deudoras alimentarias, siempre que exista una resolución judicial firme a favor de niñas, niños o adolescentes.

Durante su Octava Sesión Ordinaria, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social avaló reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y a la Ley del ISSSTE para habilitar esta medida, la cual busca cerrar vacíos legales que, según legisladores, han sido utilizados para evadir obligaciones alimentarias.

La iniciativa, impulsada por la diputada Ana Luisa Buendía García, será turnada al Pleno del Congreso capitalino y, en caso de ser aprobada, se remitirá al Congreso de la Unión para su análisis, dado que implica modificaciones a legislación de carácter federal.

Al fijar postura, el diputado Juan Estuardo Rubio Gualito señaló que la propuesta busca armonizar la protección del ahorro para el retiro con la justicia alimentaria y la perspectiva de género. Citó criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que advierten que la inembargabilidad de estos recursos no debe ser utilizada para eludir responsabilidades, particularmente cuando se simula insolvencia.

De acuerdo con el dictamen, los mecanismos actuales —como el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y restricciones administrativas— han resultado insuficientes para inhibir el incumplimiento. Legisladores sostienen que algunos deudores recurren a estrategias como abandonar el empleo formal o declararse sin ingresos, mientras resguardan recursos en sus cuentas individuales de retiro.

El documento legislativo también subraya que el incumplimiento de pensiones alimenticias genera efectos estructurales, como la precarización económica de madres e infancias, afectando su desarrollo integral, autonomía y acceso a condiciones de vida dignas.

En la misma sesión, la comisión aprobó en sentido negativo un dictamen que proponía exhortar al Congreso federal a convocar a un periodo extraordinario para discutir la reducción de la jornada laboral. El argumento central fue que dicha materia es competencia exclusiva del Poder Legislativo federal y que el exhorto había quedado sin materia tras avances en la discusión nacional sobre la semana laboral de 40 horas.

Al respecto, Rubio Gualito precisó que, conforme al marco constitucional vigente, el Congreso de la Unión es la única instancia facultada para legislar en materia laboral, por lo que el Congreso capitalino no puede intervenir directamente. En consecuencia, se determinó desechar el punto de acuerdo promovido por el legislador de Movimiento Ciudadano.

El dictamen sobre deudores alimentarios abre un debate sobre los límites entre la protección del ahorro para el retiro y la garantía efectiva de derechos de la niñez. Su eventual aprobación en instancias federales marcaría un precedente en la política pública de justicia alimentaria en México.