Conflicto México-EE.UU. por muerte de agentes de la CIA en Chihuahua

La muerte de dos agentes de la CIA y dos investigadores locales tras la caída de un convoy a un barranco en la sierra de Chihuahua ha detonado una crisis de alto impacto entre el Gobierno Federal y la administración estatal panista. El incidente ocurrió tras el desmantelamiento del laboratorio de drogas sintéticas más grande detectado hasta la fecha en la entidad, una operación que, según la Federación, no cumplió con los protocolos de notificación obligatoria sobre presencia de personal extranjero.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que, aunque el Ejército Mexicano intervino a solicitud de las autoridades locales, nunca se informó sobre la participación física de agentes de inteligencia estadounidense en el campo. La Ley de Seguridad Nacional de México prohíbe estrictamente que agentes extranjeros operen en territorio nacional sin una autorización previa y el reporte detallado de sus actividades ante las instancias federales.

El foco del conflicto reside en la falta de transparencia del gobierno de Maru Campos. El fiscal estatal, César Jáuregui, emitió versiones contradictorias en menos de 24 horas: primero afirmó que los agentes participaron activamente en el operativo y luego rectificó diciendo que se sumaron posteriormente. Estas inconsistencias han alimentado las dudas sobre la legalidad de la colaboración binacional en suelo chihuahuense.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el hecho como una «falta de una autoridad estatal», señalando que la colaboración se gestionó de forma paralela y fuera de los acuerdos de seguridad vigentes. La mandataria subrayó que, aunque existe un entendimiento con Washington, este no contempla la operación física de agencias como la CIA en operativos tácticos de campo.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reforzó la postura oficial al declarar que «nunca ha habido agentes extranjeros participando físicamente en un operativo federal». La rispidez política escaló cuando el Senado de la República aprobó citar a comparecer a la gobernadora Maru Campos y al fiscal Jáuregui para esclarecer la violación a la soberanía nacional.

En Estados Unidos, la Casa Blanca, a través de Karoline Leavitt, solicitó «empatía» por la pérdida de los agentes, subrayando los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico. Sin embargo, en México la preocupación gira en torno a los «memorandos de entendimiento» que gobernadores de oposición han firmado directamente con estados como Texas, eludiendo presuntamente el control del Poder Ejecutivo Federal.

La reunión del pasado jueves entre Maru Campos y García Harfuch duró menos de 60 minutos y concluyó sin declaraciones por parte de la mandataria local. El caso sigue abierto bajo el escrutinio de la FGR, mientras se analiza si el gobierno de Chihuahua incurrió en responsabilidades administrativas o penales por la omisión de información sensible de seguridad nacional.