Violencia digital afecta a 18.9 millones en México; TSJCDMX exige protocolo
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) formalizó este día la necesidad de reestructurar el abordaje institucional frente a la violencia digital, definiéndola como un factor de agresión con impacto material en la vida cotidiana de las mujeres y niñas mexicanas. El planteamiento exige abandonar la clasificación de este delito como un fenómeno marginal.
Durante la cumbre “Entornos digitales seguros para mujeres y niñas”, el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez presentó una radiografía estadística basada en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los cuales cuantifican el alcance del problema a nivel nacional.
Los indicadores oficiales establecen que el 21% de los usuarios de internet mayores de 12 años en México ha documentado situaciones de acoso en línea. Esta métrica se traduce en un volumen de 18.9 millones de personas afectadas en toda la república.
La segmentación demográfica de estos datos evidencia una incidencia asimétrica basada en el género. Entre las mujeres usuarias de plataformas digitales, el porcentaje de victimización asciende al 22.2%, confirmando la existencia de un componente estructural en las agresiones telemáticas.
Ante la magnitud de las cifras, el TSJCDMX delineó que los espacios digitales fungen actualmente como vectores primarios para la construcción de identidad y el desarrollo educativo y laboral, incrementando los índices de exposición, manipulación y violencia directa contra sectores vulnerables.
El plan de acción propuesto requiere modificaciones en tres ejes operativos: tecnológico, jurídico y educativo. Se solicitó a los juzgadores implementar una perspectiva de género obligatoria en las resoluciones, así como optimizar los mecanismos de protección de datos personales durante la recepción de denuncias.
La ejecución de esta estrategia dependerá de la integración de un bloque operativo compuesto por fiscalías, tribunales, autoridades administrativas e instituciones educativas, contando con la participación de dependencias como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Congreso de la Unión.
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