Deudores alimentarios en la mira: Congreso de CDMX avala embargo de cuentas pensionarias

La Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que permitiría embargar recursos de las subcuentas de retiro, cesantía y vejez de personas deudoras alimentarias, siempre que exista una resolución judicial a favor de menores de edad. La medida, respaldada por unanimidad, busca cerrar vacíos legales utilizados para evadir el pago de pensiones alimenticias y ahora deberá ser discutida por el Congreso de la Unión.

Con 51 votos a favor y sin votos en contra ni abstenciones, el pleno del Poder Legislativo capitalino dio luz verde a reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR) y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El objetivo es permitir que los recursos destinados al retiro puedan ser intervenidos en casos de incumplimiento alimentario, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa fue impulsada y defendida por la diputada Ana Luisa Buendía García, quien sostuvo que la falta de pago de pensiones alimenticias representa una forma de violencia económica estructural. Durante la discusión del dictamen, citó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que señalan que tres de cada cuatro hijos de padres separados en México no reciben pensión alimenticia.

La legisladora también advirtió que el 67.7 por ciento de los hogares encabezados por madres solteras carecen de este apoyo económico, situación que —afirmó— profundiza condiciones de precariedad y desigualdad para miles de familias. Bajo ese argumento, defendió que el ahorro para el retiro no puede convertirse en un mecanismo de protección para quienes incumplen con obligaciones alimentarias determinadas por un juez.

El dictamen contempla modificaciones a los artículos 19, 74, 114, 115 y 117 de la Ley del SAR, así como a los artículos 82 y 83 de la Ley del ISSSTE. Además, busca armonizar ambas normativas con criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han establecido la prioridad del derecho alimentario de menores sobre otros intereses patrimoniales.

Aunque la propuesta fue respaldada de manera unánime, el debate también reabre cuestionamientos sobre el equilibrio entre la protección del ahorro pensionario y la garantía de derechos de la infancia. Especialistas han advertido en distintos momentos que cualquier mecanismo de embargo sobre fondos de retiro debe aplicarse bajo criterios estrictamente judiciales para evitar vulneraciones al patrimonio laboral de largo plazo.

La reforma establece que el embargo sólo podrá ejecutarse mediante resolución judicial y bajo límites específicos, con el fin de que la medida sea excepcional y proporcional. El Congreso capitalino argumentó que esto otorgará certeza jurídica y evitará abusos, mientras se fortalece el acceso efectivo a la manutención para menores afectados por el incumplimiento de obligaciones alimentarias.

Tras su aprobación en el ámbito local, la Mesa Directiva del Congreso capitalino remitirá el dictamen al Congreso de la Unión, donde continuará el proceso legislativo federal. De avanzar en ambas cámaras, la reforma podría modificar de manera significativa el alcance de los mecanismos legales contra deudores alimentarios en México y endurecer las consecuencias patrimoniales para quienes incumplan con sus responsabilidades familiares.

De acuerdo con el Congreso local, la iniciativa también busca incorporar una perspectiva de género, al reconocer que la carga económica y de cuidados suele recaer mayoritariamente en las madres cuando existe abandono de responsabilidades parentales.