Violencia estalla de nuevo en penal de Aguaruto

Por Juan Pablo Ojeda

El Penal de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, vuelve a ser noticia por las peores razones. Este viernes se registró un nuevo enfrentamiento al interior del centro penitenciario, que dejó como saldo tres personas muertas, según informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado. Es el segundo hecho violento en menos de 24 horas.

La situación obligó a una reacción inmediata por parte del personal de custodia penitenciaria, que solicitó apoyo de la Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional para contener el conflicto y evitar que se extendiera a otras áreas del reclusorio.

Mientras tanto, autoridades del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal reforzaron la vigilancia en el perímetro del penal. La escena refleja un patrón preocupante de débil gobernabilidad dentro de centros penitenciarios, especialmente en entidades con altos índices delictivos como Sinaloa.

Apenas el jueves pasado, el mismo penal fue escenario de otra confrontación armada, en la que una persona perdió la vida y tres más resultaron heridas tras escucharse múltiples detonaciones de arma de fuego. La violencia dentro de Aguaruto no es nueva: en mayo pasado también se reportó una gresca que dejó un herido, aunque en ese caso no hubo víctimas fatales.

Los hechos ocurren en un contexto nacional donde la crisis del sistema penitenciario mexicano se ha intensificado. Los reclusorios, lejos de ser centros de reinserción social, se han convertido en focos de conflicto, autogobierno y, en muchos casos, operaciones del crimen organizado desde el interior.

Las autoridades no han revelado detalles sobre las identidades de los fallecidos ni las causas exactas de los enfrentamientos. Tampoco se ha informado si los hechos están vinculados con disputas internas entre grupos criminales o si se trata de una reacción a operativos recientes.

Mientras tanto, el llamado urgente es a revisar el control real que el Estado tiene sobre sus cárceles, y a reforzar protocolos de seguridad, inteligencia y supervisión, antes de que un centro penitenciario más se convierta en zona de guerra permanente.