Vecinos frenan Cablebús en Álvaro Obregón: admiten amparo por riesgos y falta de consulta

El proyecto de la Línea 5 del Cablebús enfrenta un nuevo obstáculo legal. El Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México admitió el juicio de amparo indirecto 410/26, promovido por habitantes de la colonia Colina del Sur, en la alcaldía Álvaro Obregón, quienes buscan frenar la construcción de la Estación 3 “Santa Lucía” por considerar que representa riesgos estructurales, ambientales y urbanos.

De acuerdo con los vecinos, el recurso legal tiene como objetivo garantizar derechos fundamentales como la seguridad estructural, el acceso a un medio ambiente sano y la participación ciudadana en decisiones de alto impacto. En entrevista con Aristegui Noticias, los inconformes señalaron que no se oponen al desarrollo urbano, pero exigen que este se realice bajo criterios técnicos y dentro del marco legal.

La demanda identifica como autoridades responsables a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina; al alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín; así como a dependencias clave como la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Obras, la Secretaría de Medio Ambiente —incluida la SEMARNAT— y el Instituto de Planeación Democrática, entre otras instancias.

Uno de los argumentos centrales del amparo es la presunta falta de planeación adecuada. Los vecinos sostienen que la obra, con un costo estimado superior a los 7 mil 500 millones de pesos, fue autorizada sin estudios técnicos suficientes, sin análisis de riesgos y sin procesos de consulta pública. En este sentido, subrayan que la administración no puede anteponer la urgencia de ejecutar proyectos a la seguridad de la población.

El colectivo vecinal presentó además un análisis geológico basado en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, en el que se advierte que la zona proyectada para la estación atraviesa áreas clasificadas como de alto riesgo por hundimientos, fracturas y presencia histórica de minas subterráneas. El arquitecto Alejandro Castillo, integrante del grupo, explicó que el trazo original del Cablebús evitaba estas zonas, pero posteriormente fue modificado, lo que incrementa la vulnerabilidad.

Según los inconformes, la obra carece de estudios de subsuelo y de estrategias claras para mitigar riesgos asociados a cavidades mineras. También alertaron que, en caso de encontrarse una mina durante la construcción, no existen protocolos definidos ni recursos suficientes para atender la situación, lo que evidencia, afirman, una falta de planeación técnica.

A estos señalamientos se suman posibles afectaciones al entorno urbano y al patrimonio comunitario. Los vecinos denunciaron la demolición irregular de una estación de seguridad financiada por la propia comunidad, así como de un centro PILARES, además de la instalación de tapiales y señalética sin justificación técnica clara. Estas acciones, aseguran, impactan directamente en la vida cotidiana de aproximadamente 11 mil habitantes.

Otro punto de preocupación es el impacto ambiental. La cercanía con la Barranca del Río Mixcoac convierte a la zona en un ecosistema relevante que, según los vecinos, debería contar con protección rigurosa. En el área habitan diversas especies como aves, ardillas, cacomixtles e insectos polinizadores, cuya dinámica podría verse alterada por el paso constante de cabinas, la iluminación nocturna y las vibraciones del sistema.

De acuerdo con el proyecto, alrededor de 500 cabinas circularían de manera continua, lo que, advierten, podría generar riesgos para aves e insectos, además de afectar sus hábitos de anidación. También señalaron que ya se han iniciado trabajos preliminares con tala de árboles presuntamente sin los permisos correspondientes.

En materia de movilidad, los vecinos cuestionan la viabilidad del proyecto. A partir de datos abiertos del Gobierno capitalino, argumentan que los patrones de desplazamiento de la población de Colina del Sur se dirigen principalmente hacia zonas como Santa Fe y Cuajimalpa, por lo que la estación “Santa Lucía” no respondería a la demanda real. Además, destacan que la colonia ya cuenta con conexiones hacia estaciones del Metro como Observatorio, Barranca del Muerto, Zapata y Tacubaya.

El análisis también compara el desempeño de otras líneas del sistema, como la Línea 2 en Iztapalapa, donde —según los vecinos— se ha observado una disminución en el número de usuarios desde 2022, posiblemente vinculada a cambios en los hábitos de movilidad y al aumento del teletrabajo.

En este contexto, los inconformes consideran que el costo total del proyecto, cercano a los 8 mil millones de pesos, no se justifica frente a los beneficios estimados, y plantean que los recursos podrían destinarse a alternativas de transporte o infraestructura en zonas con mayor demanda.

Con la admisión del amparo, el Poder Judicial de la Federación analizará la legalidad del proyecto y determinará si procede una suspensión definitiva de la obra para evitar posibles daños irreparables. Mientras tanto, los vecinos reiteran que su movimiento no tiene fines políticos ni económicos, sino que busca garantizar transparencia, legalidad y participación ciudadana.

“Este amparo no pretende frenar el desarrollo, sino asegurar que se realice correctamente”, concluyó el abogado José Manuel Hermosillo Vallarta, representante legal del colectivo.