Cuando pensamos en escuelas, pensamos en maestros, libros, pizarrones… pero rara vez pensamos en trabajadores sociales. Y quizá ahí está el problema. En México, la violencia escolar está creciendo, los casos de acoso entre adolescentes aumentan cada año y las estadísticas más recientes son alarmantes: 3.3 millones de jóvenes fueron víctimas de bullying en 2022, y en 2023 hubo casi mil hospitalizaciones por agresiones en la escuela. ¿Qué está fallando?
Ante esta realidad, la diputada Marisela Zúñiga Cerón, de Morena, está impulsando una propuesta que suena sencilla pero puede ser transformadora: reformar la Ley General de Educación para que los trabajadores sociales formen parte del equipo escolar, igual que los maestros y directivos. Es decir, llevar el trabajo social directo al aula, al patio, al día a día de los estudiantes.
¿Pero qué significa esto en la práctica? Básicamente, que en las escuelas públicas del país haya personal capacitado para detectar y atender, de forma preventiva, problemas como la violencia, la deserción, el consumo de drogas o los conflictos familiares que se reflejan en la conducta de los alumnos. No se trata solo de poner más reglas, sino de entender por qué hay estudiantes que no pueden aprender o convivir, y actuar antes de que sea tarde.
Zúñiga Cerón no se sacó esta iniciativa de la manga. La trabajó junto con la Red de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social, que agrupa a universidades y especialistas con décadas de experiencia en el tema. Y la presentará formalmente ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el próximo 21 de agosto, coincidiendo con el Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales. También habrá un encendido simbólico en la Cámara de Diputados para visibilizar la importancia del tema.
La propuesta ya empezó a discutirse en la Comisión de Educación, donde esta semana arrancaron las primeras mesas de trabajo. Y aunque falta camino legislativo, la diputada ya pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que se involucre con sensibilidad, entendiendo que esto no es un simple ajuste legal, sino una política pública urgente para atacar de raíz la violencia escolar.
En la misma rueda de prensa, Carmen Casas Ratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, fue directa: “Las cifras son significativas y demandan una acción inmediata”. Explicó que el trabajo social puede ser una especie de “puente” entre los estudiantes y el sistema educativo, ayudando a que los jóvenes no se queden atrás, no abandonen la escuela y no terminen atrapados en contextos de violencia o exclusión.
También aclaró algo fundamental: el trabajo social no reemplaza al maestro ni al psicólogo, pero sí aporta una mirada integral y comunitaria que puede hacer la diferencia. Porque muchas veces, los problemas que impiden que un niño aprenda no están en el aula, sino en su casa, en su calle o en su entorno.
Así que, si alguna vez pensaste que las escuelas necesitan más que libros y reglamentos, esta iniciativa puede sonar como música para tus oídos. Porque entender la violencia escolar solo como un problema de “mal comportamiento” es quedarse corto. Lo que se propone aquí es poner a profesionales que entienden de lo social a trabajar directamente en el corazón del sistema educativo.
El reto será, como siempre, que el Congreso lo apruebe y que la SEP lo implemente con recursos reales. Pero al menos, la conversación ya está sobre la mesa. Y si lo pensamos bien, prevenir la violencia desde la escuela no solo es posible, también es urgente.
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