Sheinbaum llama a diferenciar crítica legítima y violencia de género

Por Juan Pablo Ojeda

En medio de un creciente debate sobre el uso de herramientas judiciales para sancionar a periodistas en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió poner las cosas en su justa dimensión: hay que distinguir entre crítica legítima y violencia de género, sin que una se utilice como pretexto para silenciar a la otra.

Desde su tradicional conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que la libertad de expresión debe respetarse en todos los sentidos, pero advirtió que no puede ser empleada como escudo para agredir a mujeres por su físico, apariencia o por el simple hecho de ser mujeres.

«No puede ser que a una mujer, por el color del cabello o cualquier otra cosa, sea denostada. Ahí sí hay violencia. Pero utilizar ese argumento frente a una crítica informada desde el periodismo, me parece que no es correcto. Tiene que haber libertad de expresión plena», señaló con claridad.

Sus declaraciones llegan justo cuando varios casos recientes han encendido las alarmas entre organizaciones de periodistas, académicos y defensores de derechos humanos, quienes ven con preocupación cómo tribunales locales están usando leyes contra la violencia política de género para censurar investigaciones, columnas de opinión o simples publicaciones en redes sociales.

Uno de los casos más sonados es el de Karla María Estrella, sancionada por un comentario en redes contra una diputada. La resolución incluyó disculpas públicas diarias por un mes, una multa, cursos de reeducación y la prohibición de volver a mencionar a la legisladora. El caso generó un amplio debate sobre la proporcionalidad de las sanciones.

También está el caso del periodista Jesús Castañeda, en Acapulco, quien fue acusado por la alcaldesa de cometer violencia política de género tras publicar investigaciones sobre presuntos desvíos. Fue sancionado sin derecho a defensa previa, algo que encendió las alertas sobre posibles abusos del marco legal.

Otro nombre relevante es el del reconocido columnista Héctor de Mauleón, quien tuvo que eliminar una columna crítica por orden judicial, además de ser inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia de Género, una medida que, según diversos expertos, criminaliza la opinión periodística.

En Campeche, el periodista Jorge Luis González Valdez fue vinculado a proceso penal y actualmente su trabajo está supervisado por un censor judicial. Y en Puebla, la periodista Rubí Soriano fue obligada a eliminar un tuit y citada a declarar por comentarios sobre el historial partidista de una diputada.

Ante este panorama, Sheinbaum insistió en que cada caso debe analizarse con cuidado, pues si bien es indispensable proteger a las mujeres de agresiones misóginas, también es vital preservar la libertad de crítica política y periodística como un pilar de la democracia.

«Tenemos que ser claros como país y también desde los tribunales, para diferenciar cuándo sí estamos ante violencia contra una mujer, y cuándo se trata de una crítica legítima a una figura pública», remarcó.

Finalmente, hizo un llamado a los medios para actuar con ética y responsabilidad: “Lo importante es que los medios informen con veracidad. Que no digan mentiras, pero también que nadie los censure por cumplir con su labor”.

El tema no está cerrado. De hecho, apenas comienza a tomar fuerza. La sociedad mexicana, sus tribunales y el propio gobierno federal se encuentran en una delicada encrucijada: ¿cómo garantizar una vida libre de violencia para las mujeres sin poner en riesgo la libertad de expresión?
Una pregunta urgente que no admite respuestas simplistas.