Ricardo Anaya cuestiona propuesta de Sheinbaum para limitar pensiones

Por Bruno Cortés

El senador Ricardo Anaya criticó la iniciativa de reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para poner un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos, señalando que, aunque coincide en eliminar pagos excesivos, la forma en que se plantea el límite “está mal planteada”.

Durante un encuentro con medios, el legislador explicó que el proyecto propone fijar el tope de las pensiones en función del salario del Ejecutivo federal, lo que, a su juicio, genera inconsistencias: “Si el día de mañana el presidente o la presidenta decide subirse el sueldo, aumentan las pensiones; y si decide bajarlo, también disminuirían. No se puede jugar de esa manera con las pensiones de la gente”, afirmó.

Anaya reiteró que su partido respalda la eliminación de pensiones millonarias dentro del sector público, particularmente en algunas entidades paraestatales. Puso ejemplos concretos: personas que perciben hasta un millón de pesos mensuales, mientras que más de cien beneficiarios reciben más de 400 mil pesos al mes. Para él, estos casos son “escandalosos e inaceptables” y requieren topes claros y técnicamente sustentados.

Como alternativa, el senador propuso vincular los límites a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un parámetro utilizado en México para calcular multas y pagos oficiales, que permite ajustar los montos conforme a la inflación sin depender de decisiones políticas sobre el salario del presidente. Citó los límites actuales en sistemas de pensiones: el ISSSTE topa a 10 UMAs, alrededor de 35 mil pesos, y el IMSS a 25 UMAs, unos 85 mil pesos. Bajo este esquema, indicó que un tope cercano a 70 mil pesos —aproximadamente la mitad del salario presidencial— equivaldría a unas 20 UMAs.

La iniciativa de Sheinbaum, enviada al Senado, plantea modificar el artículo 127 de la Constitución para regular las jubilaciones financiadas con recursos públicos en organismos del sector paraestatal. Su objetivo es garantizar eficiencia, transparencia y sustentabilidad en el uso de recursos públicos, argumentando que algunas pensiones en entidades públicas han generado percepciones desproporcionadas frente al promedio de la población.

El proyecto establece que las jubilaciones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos no podrán superar la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal. Sin embargo, contempla excepciones importantes, como las pensiones de las Fuerzas Armadas, los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales, los esquemas complementarios financiados con aportaciones sindicales y la pensión no contributiva del artículo 4 constitucional.

Además, la reforma aplicaría tanto a pensiones futuras como a algunas ya otorgadas, argumentando que las modificaciones constitucionales pueden tener efectos sobre situaciones previas sin violar el principio de irretroactividad. El debate en el Senado sobre esta iniciativa se prevé en las próximas semanas, con posturas encontradas sobre la manera más adecuada de regular las jubilaciones financiadas con recursos públicos.