Presidencia esquiva caso Alito; defiende a Blanco

Por Juan Pablo Ojeda

Desde el espacio matutino denominado “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó, con cautela y sin emitir juicios concluyentes, las denuncias penales que enfrentan dos figuras políticas de alto perfil: el diputado de Morena y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, acusado de abuso sexual, y el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, investigado por presuntos actos de corrupción en Campeche.

Las declaraciones de la mandataria surgieron luego de que periodistas cuestionaran si el principio de presunción de inocencia expresado en torno a Blanco sería aplicado con el mismo énfasis a Moreno. Sheinbaum, sin embargo, optó por no responder de manera directa, dejando la responsabilidad en manos de las Fiscalías estatales.

“Si hay pruebas de alguna irregularidad, los mecanismos jurídicos están para hacer el desafuero. Si no hay pruebas y es un tema político, no está bien”, declaró enfáticamente la presidenta.

Durante su intervención del 5 de mayo, Sheinbaum había sostenido que la investigación contra Cuauhtémoc Blanco es competencia de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y reiteró que la ley mexicana garantiza el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Esta postura generó reacciones debido a que evitó replicar la misma fórmula discursiva en el caso del priista.

Ambos casos ilustran las complejidades del fuero constitucional en México, figura jurídica que impide que ciertos servidores públicos sean procesados penalmente sin un proceso previo de desafuero aprobado por el Congreso. Para diversos sectores, esto ha alimentado la percepción de que el fuero se utiliza selectivamente y con tintes políticos.

En particular, sobre Alejandro Moreno, Sheinbaum afirmó que es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la encargada de avanzar en las investigaciones, subrayando que las denuncias “fueron presentadas previamente” y que el avance de las averiguaciones depende del peso de las pruebas.

El contraste entre las posturas adoptadas por la presidenta en ambos casos ha avivado el debate sobre el papel de los partidos en el respaldo —o protección— de sus cuadros acusados, así como sobre el equilibrio entre la presunción de inocencia y la rendición de cuentas en la vida pública nacional.

A pesar de no emitir posicionamientos tajantes, Sheinbaum dejó claro que su administración no permitirá prácticas que atenten contra la transparencia, ni permitirá que la justicia sea utilizada con fines políticos, una afirmación que busca reforzar su compromiso con el Estado de derecho.