Políticos ya no podrán demandar solo por sentirse ofendidos

Por Bruno Cortés

En México, cuando un periodista saca a la luz algo incómodo sobre un servidor público, muchas veces el político no aclara ni responde con pruebas. Lo que hace es demandar por “daño moral”, como si la crítica fuera un crimen. Pues justo eso es lo que quiere cambiar la diputada del PAN, Kenia López Rabadán, con una propuesta que busca proteger la libertad de expresión y evitar que el poder se use para silenciar voces incómodas.

La diputada planteó una reforma al Código Civil Federal, en concreto una adición al artículo 1916 Ter, para que los funcionarios públicos que se sientan ofendidos por lo que se dice de ellos en medios o redes tengan que probar que hubo “malicia efectiva”. O sea, que el periodista o medio sabía que la información era falsa y aun así la publicó con la intención de hacer daño. Nada de “me siento ofendido y ya, voy a demandar”.

Esta idea no es nueva. El concepto de malicia efectiva viene del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ya lo han usado tribunales de países democráticos para equilibrar el derecho a la honra con la libertad de prensa, especialmente cuando se trata de figuras públicas que, por estar en el ojo público, deben aguantar más crítica que una persona común.

Además, la reforma al artículo 1934 del mismo código establece que, si de todos modos un servidor público quiere demandar por daño moral, solo tiene seis meses para hacerlo después de la publicación. Así se evita que pasen años y luego aparezca la demanda de forma sorpresiva, como mecanismo de intimidación.

Y eso es lo que denuncia López Rabadán: que muchos políticos no buscan justicia, sino callar a quienes los critican. Dice que hay un patrón preocupante en el que periodistas que publican investigaciones sobre corrupción, abuso de poder o malas decisiones públicas terminan demandados, no para limpiar el nombre del político, sino para desgastar económicamente y psicológicamente al periodista.

La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Justicia, se inspira en propuestas de organizaciones como Propuesta Cívica, que ha trabajado por años en defender el derecho a informar y a opinar sin miedo. Y aquí es importante algo que a veces se olvida: la libertad de expresión no es un favor que da el Estado, es un derecho. Y si no se defiende con leyes claras, se convierte en letra muerta.

En resumen, esta propuesta busca un equilibrio sano: que los servidores públicos tengan derecho a defenderse si realmente los calumnian, pero que no usen ese derecho como arma para censurar. Porque si la crítica pública se castiga, lo que está en riesgo es algo más grande: la democracia misma.