
Piden cancelar 18 candidaturas judiciales por delitos y baja preparación
Por Juan Pablo Ojeda
A menos de un mes de que México celebre su primera elección por voto popular al Poder Judicial, los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados presentaron una solicitud formal al Instituto Nacional Electoral (INE) para cancelar 18 candidaturas por no cumplir con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación”.
De acuerdo con el comunicado conjunto, los aspirantes están vinculados a investigaciones penales federales vigentes que incluyen delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada. Además, otras ocho candidaturas también fueron impugnadas por no cumplir con el promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura, tal como exigen las bases del proceso.
“La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, señaló el diputado Sergio Gutiérrez Luna, al explicar que los estándares éticos no son negociables.
El informe entregado al INE, explicaron, acredita la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas personas en la lista impugnada. También se detalla que algunos aspirantes han defendido judicialmente a personas ligadas al crimen organizado, lo que representa un conflicto de interés e incompatibilidad con la función judicial.
Respecto a los candidatos con bajo rendimiento académico, Gutiérrez Luna indicó que los promedios documentados oscilan entre 7.0 y 7.93, lo cual “afecta directamente su idoneidad”. Añadió que “la exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética”.
La solicitud también responde a declaraciones recientes del senador Gerardo Fernández Noroña, quien el 23 de abril anunció que la Cámara Alta impugnaría a una veintena de aspirantes al Poder Judicial, presuntamente vinculados al narcotráfico.
“Detectamos a algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder al Poder Judicial mediante las elecciones judiciales”, alertó Noroña.
El 1 de junio de 2025, México vivirá una jornada electoral histórica, al elegir por primera vez 881 cargos judiciales de entre 3,422 candidatos, entre ellos ministros de la Suprema Corte de Justicia, integrantes del Tribunal Electoral y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Las campañas, que comenzaron el 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo, se han desarrollado en medio de advertencias de posibles injerencias por parte del Poder Ejecutivo y el crimen organizado, según han expresado organismos internacionales como la ONU, así como asociaciones civiles y actuales jueces.
Los legisladores advirtieron que permitir el acceso de personas no idóneas a cargos judiciales “pondría en riesgo la integridad del sistema de justicia mexicano” y urgieron al INE a resolver con prontitud la solicitud de cancelación para preservar la legitimidad del proceso electoral judicial.
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