Perú responde a Sheinbaum: Pedro Castillo no es un perseguido político
Por Juan Pablo Ojeda
La cancillería de Perú salió al paso de las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el encarcelamiento del expresidente peruano Pedro Castillo, y afirmó de manera categórica que “no es un perseguido político”. El ministerio peruano expresó su “rechazo absoluto” a los comentarios de la mandataria mexicana, señalando que violan los principios de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En un comunicado, la cancillería peruana sostuvo que las declaraciones de Sheinbaum reflejan un “desconocimiento total” de la realidad política y jurídica de Perú, su Constitución y su ordenamiento legal. Recordó que el 7 de diciembre de 2022, Castillo cometió un “flagrante quiebre del orden constitucional” al anunciar la disolución inconstitucional del Congreso y la instauración de un Gobierno de excepción, además de intentar reorganizar las instituciones clave del país.
La presidenta mexicana había publicado el viernes en la red social X su solidaridad con Castillo y su familia, calificando su situación como un “grave precedente de persecución política y discriminación en la región”, y pidió a la ONU actuar para garantizar los derechos humanos y la justicia.
Perú aclaró que los actos de Castillo constituyeron un golpe de Estado fallido y un “quiebre manifiesto de la institucionalidad democrática”, debidamente sancionado conforme a la ley, con respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales. La cancillería enfatizó que presentar su caso como persecución política es “falso e inaceptable” y calificó la postura de Sheinbaum como “ideologizada”, recordando además que el secretario general de la ONU condenó cualquier intento de subvertir el orden democrático en Perú.
Tras los hechos, Castillo fue destituido por el Congreso peruano, su esposa e hijos recibieron asilo en México, y el expresidente permanece recluido en el penal de Barbadillo, enfrentando un juicio por rebelión con una petición de 34 años de prisión. Mientras tanto, la presidencia de Perú quedó en manos de Dina Boluarte, quien concluirá su mandato el próximo año.
El intercambio de declaraciones entre México y Perú evidencia la tensión diplomática que generan las interpretaciones sobre derechos humanos y justicia en casos políticos de alto perfil en América Latina, dejando al descubierto los límites entre la solidaridad internacional y el respeto a la soberanía nacional.
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