PAN pide juicio político contra Adán Augusto por presuntos nexos con ‘La Barredora’
Por Bruno Cortés
La diputada panista María Elena Pérez Jaén presentó este lunes ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados la solicitud para iniciar un juicio político contra el senador Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco, en medio de una serie de detenciones de miembros de bandas criminales en el estado. Según la legisladora, la medida busca esclarecer los presuntos vínculos de López Hernández con el grupo delictivo “La Barredora”.
Durante su visita a San Lázaro, Pérez Jaén explicó que la solicitud se realiza utilizando su derecho como ciudadana y subrayó que busca una investigación minuciosa para deslindar responsabilidades, sin importar colores partidistas. El objetivo, añadió, es esclarecer la situación jurídica del senador debido a su cercanía con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de la organización criminal, quien actualmente se encuentra preso en el penal del Altiplano.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su titular Alejandro Gertz Manero, aclaró que Adán Augusto López no ha sido citado a declarar porque no existe una vinculación directa que lo involucre formalmente en la investigación. El funcionario señaló que solo pueden comparecer quienes tengan conexiones directas con los delitos que se indagan.
La Barredora es una organización originada dentro de los cuerpos policiales en Tabasco, dedicada a delitos como extorsión, cobro de piso y robo de combustibles. Tras su ruptura con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se consolidó como una estructura criminal formal, sobre todo a partir de 2023, con Hernán Bermúdez Requena como líder principal. Su colaborador más cercano, Ulises Pinto Madera, alias “El Pinto”, fungió como segundo al mando y jefe de escoltas durante la gestión del exsecretario y fue detenido en julio en Jalisco, aportando información clave para la captura de Bermúdez Requena.
El juicio político solicitado por el PAN en San Lázaro se suma a la presión política en torno a las investigaciones de bandas delictivas en Tabasco y la necesidad de que se deslinden responsabilidades de exfuncionarios vinculados a la seguridad estatal, mientras la Fiscalía continúa con las indagatorias contra “La Barredora”.
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