PAN exige garantías de seguridad y privacidad rumbo al 1 de junio

Por Bruno Cortés

En plena recta final hacia las elecciones del 1 de junio, cuando la tensión política está a flor de piel, dos diputados del PAN decidieron alzar la voz. Noemí Luna Ayala y Federico Döring Casar, representantes del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, salieron de una reunión con Omar García Harfuch —sí, el mismo que fue jefe de la policía en CDMX y hoy está al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana— con una mezcla de reconocimiento y advertencia.

En un país donde hablar de elecciones es casi sinónimo de hablar de violencia electoral, la diputada Luna Ayala fue clara: no quieren que se repita el clima de miedo que se vivió en elecciones pasadas. Mencionó con preocupación los casos de Veracruz y Durango, donde, según ella, ya se están replicando los mismos patrones de atentados contra candidatos.

Pero aquí no termina la cosa. Luna Ayala propuso que se establezca una mesa técnica de trabajo, un espacio serio y con especialistas, para que se escuchen las inquietudes del PAN. Y no es solo por los candidatos, también hay propuestas en el Congreso que podrían afectar derechos fundamentales de todos. Por ejemplo, el uso de un padrón único de nombres y biométricos —sí, nuestras huellas, rostros, datos personales— en una reforma relacionada con telecomunicaciones. ¿Para qué? Según ellos, eso podría facilitar que el gobierno vigile más a la ciudadanía.

Y en esa misma línea, el diputado Federico Döring fue todavía más directo. Él pidió revisar el artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales, un artículo clave que tiene que ver con cómo y cuándo las autoridades pueden acceder a nuestras comunicaciones privadas. Döring recordó el escándalo de espionaje telefónico que involucra a la exfiscal de CDMX, Ernestina Godoy, en el que incluso él mismo fue espiado, junto con figuras como Monreal, Ebrard y otros. ¿Cómo lo hicieron? A través de una denuncia falsa de secuestro en Colima, que fue usada como excusa para intervenir celulares en tiempo real, sin pasar por un juez.

Por eso, Döring quiere que la ley sea clara: si se quiere intervenir un celular, que se haga solo con autorización de un juez, tal como lo dicta el artículo 16 de la Constitución. Porque si no, cualquiera podría ser víctima de una simulación legal que justifique espiarlo.

¿Y por qué importa todo esto al ciudadano de a pie? Porque si se normaliza que el gobierno acceda a nuestra información sin una orden judicial, estamos abriendo la puerta a que cualquier persona —no solo políticos— pueda ser vigilada. Y si además no hay seguridad para votar, ¿cómo confiar en el proceso democrático?

En resumen, los diputados del PAN no solo pidieron protección para sus candidatos, también exigieron que no se toque la vida privada de los mexicanos sin bases legales firmes. En un México donde cada vez hay más tecnología, pero también más desconfianza, el equilibrio entre seguridad y libertad parece ser más frágil que nunca.