PAN exige destituir a Cuitláhuac y pide investigar a Marina del Pilar

Por Bruno Cortés

En el Congreso mexicano se están calentando los ánimos y no es para menos. El diputado Elías Lixa, coordinador del PAN en la Cámara, subió el tono y exigió al Gobierno Federal que saque del cargo a Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz y actual titular del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenegas). ¿El motivo? Nada menos que una denuncia por el presunto desvío de mil 600 millones de pesos a través de contratos otorgados a empresas fantasma cuando gobernaba Veracruz.

Lixa fue claro: si hay acusaciones tan graves, Cuitláhuac no puede seguir protegido por un cargo público. Lo que pide es que lo separen del puesto para que enfrente las investigaciones “sin cobijas”. Y es que la denuncia, según explicó, fue presentada por la actual gobernadora veracruzana, Rocío Nahle, con base en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El señalamiento es que el dinero desapareció en 2023, a través de contratos turbios con empresas recién creadas y conectadas a beneficiarios de programas sociales, a quienes presuntamente se les hicieron firmar papeles sin saberlo.

Pero esto no para ahí. En el mismo evento, la diputada panista Eva María Vásquez pidió que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, pida licencia de su cargo para aclarar por qué Estados Unidos le revocó la visa a ella y a su esposo. Para el PAN, este caso no puede tratarse como si nada. Además, pidieron que deje de presidir la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), ya que, según los legisladores, alguien bajo sospecha internacional no debería representar al federalismo mexicano.

Y aquí viene lo más delicado: se habla de vínculos con el crimen organizado, de la posible cancelación de cuentas bancarias en EE.UU. de personas cercanas a la gobernadora, y de una supuesta red de huachicol fiscal (tráfico ilegal de combustibles). En palabras del propio Lixa, estas señales no son calumnias, sino alertas serias que deben investigarse a fondo.

Por eso, además de exigir claridad, los panistas también pidieron que el Gobierno Federal intercambie información con Estados Unidos y deje de proteger a sus aliados políticos cuando hay denuncias de este calibre. En pocas palabras: si hay funcionarios que están ayudando —directa o indirectamente— al crimen organizado, deben salir del gobierno y enfrentar la justicia, sin importar su partido.

Lixa remató con una frase que retrata el sentir del PAN: «Antes de pasarse la cobija desde el Gobierno Federal a los allegados del partido en el poder, deberían estar preocupados por desarticular al crimen organizado». Es decir, el mensaje es claro: basta de impunidad, basta de proteger a los de casa.

Mientras tanto, la pregunta que queda flotando es: ¿responderá el Gobierno Federal o guardará silencio? Porque en estos dos casos —el desvío millonario en Veracruz y la revocación de la visa en Baja California— hay algo que no cuadra. Y la ciudadanía, como bien dijeron los diputados, merece saber la verdad.