PAN denuncia militarización y atropello legislativo

Por Bruno Cortés

En el Congreso mexicano, la tensión se siente más fuerte que nunca. Para el Grupo Parlamentario del PAN, el periodo extraordinario de sesiones que arrancó no solo está mal planeado: es un “cochinero” legislativo, como lo describió con todas sus letras el diputado Elías Lixa Abimerhi, coordinador panista en San Lázaro. Y no es por exagerar, dice él, sino porque están a punto de votarse leyes que nadie conoce bien, muchas de ellas enviadas al cuarto para la hora desde la Presidencia de la República, sin análisis ni consenso, y con un tufo autoritario que preocupa.

El principal foco rojo es la reforma a la Ley de la Guardia Nacional, que según Lixa es el paso final hacia una militarización sin tapujos de las tareas de seguridad pública. Durante años se intentó disfrazar esta estrategia con discursos de transición, formación civil o modelos híbridos, pero ahora —asegura— ya ni se cuidan las formas. Se trata de convertir completamente a la Guardia Nacional en una fuerza militar, con entrenamiento militar, estructura militar y justicia militar. Lo que empezó como una fuerza civil hoy se someterá a tribunales castrenses, sin espacio para jueces civiles ni control ciudadano.

Esto tiene consecuencias profundas. ¿Quién va a poner límites a una Guardia Nacional con formación militar pero haciendo tareas cotidianas, como vigilar calles, comunidades, protestas o incluso operativos civiles? Lixa advierte que este tipo de fuerza no está diseñada para la proximidad con la ciudadanía, y al estar blindada jurídicamente por el Ejército, podría generar abusos sin consecuencias claras.

Pero eso no es todo. Dentro del paquete de reformas que Morena y sus aliados quieren sacar al vapor, hay propuestas que cruzan líneas peligrosas en otros frentes, especialmente en seguridad e inteligencia. Una constante en estos cambios, señala el PAN, es el acceso discrecional a datos biométricos, es decir, huellas digitales, rostros, iris, voz. Datos personales muy sensibles que podrían usarse para vigilar o controlar a la población, sin mecanismos claros de supervisión o transparencia.

Y para completar el panorama, el oficialismo busca extinguir el Coneval, el organismo que mide la pobreza y evalúa la efectividad de los programas sociales. El PAN no tiene dudas: esto es un intento directo de eliminar los contrapesos. El diputado Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador del grupo, lo dijo claro: “El Coneval le estorbó al gobierno porque dijo la verdad, porque demostró que entre 2018 y 2020, más de 4.5 millones de personas cayeron en pobreza”. Señalaron errores en programas como Sembrando Vida o las becas para adultos mayores, y en vez de corregir, el gobierno optó por eliminar al mensajero.

En materia económica, el PAN tampoco ve razones para el optimismo. Entre la guerra en Medio Oriente, Ucrania, los aranceles de Estados Unidos y la inflación interna, el país se enfrenta a un entorno difícil sin un plan sólido del gobierno para proteger la economía. Según Lixa, no hay blindaje fiscal ni reservas, los precios de la canasta básica siguen subiendo, y las decisiones de política pública no están generando confianza en los inversionistas.

Y como si todo eso no fuera suficiente, exigieron una investigación a fondo sobre la refinería clandestina descubierta en Coatzacoalcos, de la que se dice produce hasta 500 mil millones de barriles. El PAN quiere saber quién está detrás, qué empresa la opera y si hubo protección desde el poder público. Porque, dicen, no es creíble que una instalación de ese tamaño opere sin que nadie se entere.

En resumen, el PAN ve un Congreso sin control, con leyes peligrosas y una Presidencia que impone agenda sin consultar. Militares en las calles, datos personales en riesgo, organismos independientes desaparecidos y una economía sin protección. Esa es la radiografía que hacen de este periodo legislativo que, más que extraordinario, parece sacado de un capítulo de alerta nacional.