Nueva caravana migrante desafía política de Sheinbaum

Por Juan Pablo Ojeda

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado en diversas ocasiones que el flujo migratorio hacia Estados Unidos ha disminuido significativamente en los últimos meses, la realidad en el sur del país cuenta otra historia. Desde Tapachula, Chiapas, una nueva caravana migrante se alista para partir este fin de semana con rumbo al norte, en busca de llegar a la frontera con Estados Unidos.

Esta nueva oleada está conformada en su mayoría por personas provenientes de Honduras, Venezuela, Haití, El Salvador y Guatemala, quienes permanecen concentradas en el parque Bicentenario de la ciudad. De acuerdo con testimonios recabados por activistas y organizaciones civiles, la tensión entre migrantes y autoridades es creciente, y podría desembocar en enfrentamientos si se intenta bloquear la salida del grupo.

Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana A.C., denunció que los migrantes se enfrentan a un limbo legal. Algunos llevan hasta cinco meses varados en Tapachula, sin posibilidad de trabajar ni de desplazarse libremente. Según explicó, los retrasos ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) son tan graves que hay citas agendadas hasta diciembre de 2025 o incluso para 2026.

«Hay más de 40 mil migrantes varados en Tapachula que no pueden trabajar, ni desplazarse libremente. La mayoría no quiere quedarse en México, pero el gobierno los retiene en una especie de limbo legal», aseguró García Villagrán a medios locales.

A esta problemática se suman condiciones precarias de hacinamiento, falta de albergues, desempleo y el constante temor a detenciones arbitrarias. Activistas señalan que la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) han intensificado su presencia en la zona, lo que genera mayor incertidumbre y presión sobre los migrantes.

En días recientes, colectivos de derechos humanos y organizaciones sociales han exigido al Gobierno Federal la coordinación efectiva entre el INM, la COMAR y los gobiernos estatales para agilizar trámites y evitar un nuevo colapso humanitario. Además, han planteado la urgencia de crear corredores humanitarios y rutas de protección, especialmente para mujeres, niños y personas vulnerables.

La situación también ha generado alerta en la comunidad internacional. Organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) observan de cerca el desarrollo de esta nueva movilización masiva.

De concretarse su salida, esta caravana sería una de las más organizadas y numerosas de los últimos meses, lo que pondría nuevamente a prueba la capacidad del Estado mexicano para gestionar una crisis migratoria que no ha cesado, y que se agrava frente a las políticas restrictivas y presiones del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

Mientras el discurso oficial apunta a una reducción en el flujo de personas, los hechos en Tapachula revelan una realidad compleja: miles de migrantes siguen varados, desesperados y decididos a avanzar, aún con todos los obstáculos en el camino.