Noroña bajo la lupa: los donativos y la mansión que incomodan al Senado

Por Bruno Cortés

En la política mexicana los reflectores cambian de lugar muy rápido, pero esta vez se quedaron fijos sobre Gerardo Fernández Noroña. El presidente de la Mesa Directiva del Senado enfrenta un torbellino de críticas porque se reveló que durante 2025 habría recibido cerca de medio millón de pesos en donativos, algo que la ley mexicana prohíbe expresamente para cualquier servidor público.

El tema escaló de inmediato porque no se trata de un legislador cualquiera, sino del propio presidente de la Cámara Alta, quien además ya estaba en el ojo del huracán tras darse a conocer que es dueño de una mansión valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán. Entre los señalamientos de lujo y el dinero recibido, la oposición encontró terreno fértil para exigir explicaciones y la apertura de una investigación formal.

Desde Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda puso el dedo en la llaga al recordar que todos los senadores están obligados a rendir cuentas claras sobre su patrimonio. Y en un momento político en el que el gobierno federal ha impulsado la desaparición de los organismos autónomos de fiscalización, pidió que sea el propio Órgano Interno de Control del Senado el que investigue si hubo irregularidades. Su argumento es sencillo: ningún servidor público puede aceptar donativos o regalos de cualquier tipo, y si los recibió, lo mínimo es transparentar quién los dio y con qué propósito.

En la misma línea, Ricardo Anaya, líder de la bancada panista, fue todavía más tajante: exigió “transparencia total” sobre el origen de todos los ingresos de Noroña, incluyendo créditos, donativos y recursos personales. La preocupación de la oposición es que, al no haber claridad, se abra la puerta a conflictos de interés o a un posible financiamiento paralelo, algo que la ley sanciona con procedimientos administrativos y hasta consecuencias legales.

Para la gente común, lo que está en juego no es solo si un senador tiene o no una casa cara o si recibe aportaciones en efectivo, sino la confianza en que quienes hacen las leyes respeten las mismas reglas que imponen a la ciudadanía. Si el caso avanza, el Senado deberá decidir si su propio presidente es investigado, lo que pondría a prueba los mecanismos internos de control en un momento en que la transparencia se vuelve tema central para todos los partidos.

Mientras tanto, Fernández Noroña defiende que sus ingresos provienen de actividades legítimas, incluso de plataformas digitales, pero la presión crece y la polémica difícilmente se apagará sin una revisión a fondo. La política mexicana, una vez más, se debate entre la narrativa de la “austeridad” y las realidades del patrimonio de quienes gobiernan.