“Nada que curar”: Protección legal para infancias LGBT+

Por Bruno Cortés

En el Congreso mexicano se está cocinando una reforma que puede marcar un antes y un después para miles de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de una violencia muy particular, silenciosa y muchas veces disfrazada de “ayuda”: las llamadas terapias de conversión.

Sí, esas prácticas que aseguran poder “corregir” la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Terapias que ya han sido ampliamente rechazadas por organismos de salud en todo el mundo, pero que en México, tristemente, aún se practican, muchas veces con la complicidad o la presión directa de las propias familias.

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se conmemora cada 17 de mayo, la diputada Laura Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para que la Ley de Asistencia Social —esa que establece cómo y a quién ayuda el Estado mexicano en situaciones de vulnerabilidad— ponga un foco claro y contundente sobre estas infancias y juventudes que han sido violentadas por su orientación o identidad.

Lo que propone Ballesteros no es solo castigar, porque —como ella misma lo dijo— sancionar no es suficiente. Ya en marzo de este año, el Congreso aprobó penas de cárcel para quienes promuevan y realicen estas prácticas. Pero ahora se trata de ir más allá: garantizar una atención integral, desde un enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género y diversidad sexual, que asegure que el Estado mexicano no solo castigue al agresor, sino que también repare el daño y cuide a quienes fueron víctimas.

Esto quiere decir que si una niña trans es forzada por sus padres a asistir a un “retiro” o una “terapia” para “corregirla”, el Estado debe intervenir, protegerla y asegurarle un entorno seguro y respetuoso. Que si un adolescente gay es llevado con un “terapeuta” que intenta cambiar su orientación sexual, no solo se castigue al agresor, sino que ese joven reciba acompañamiento psicológico, social y legal para reconstruir su vida.

Y no es exageración. Nueve de cada diez infancias LGBT+ en México han sufrido algún tipo de violencia —burlas, golpes, agresión sexual— solo por ser quienes son. Y lo más alarmante: cuatro de cada diez personas sometidas a terapias de conversión han pensado en suicidarse. No estamos hablando de anécdotas. Estamos hablando de vidas.

La propuesta también viene respaldada por organizaciones de la sociedad civil como Yaaj México y LGBT+ Rights México, cuyo fundador, Enrique Vives, recordó que esta idea nació en un Parlamento Juvenil LGBTTTIQ+ en 2022, y ahora está cobrando vida legislativa. Porque sí: los jóvenes están tomando la palabra, y con orgullo están pidiendo que se hagan leyes con sentido, con corazón y con justicia.

No se trata de ideologías ni de partidos. Se trata de entender que nadie debería vivir con miedo por ser quien es. Y que como sociedad, tenemos la obligación de cuidar especialmente a quienes son más vulnerables, más invisibilizados, más expuestos.

Porque como bien dijeron en el Senado: no hay nada que curar. Lo que sí hay que curar es la violencia, la ignorancia, y esa absurda creencia de que alguien debe ajustarse a los moldes de otro para ser válido.

Esta iniciativa, que suena técnica y jurídica en el papel, es en realidad un paso más para construir un México donde todas las infancias —sean como sean— puedan crecer con amor, con libertad, y con el respaldo del Estado. Un México donde no haya que sobrevivir para vivir.