México empuja una Constitución Ambiental para América Latina

Por Bruno Cortés

Mientras en México los temas ambientales a veces parecen pasar de largo en la agenda pública, hay legisladores que se están moviendo fuerte en el terreno internacional para que las decisiones ambientales de verdad se tomen en serio. Uno de ellos es el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista, quien recientemente representó al Congreso mexicano en la reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (el Parlatino, como se le conoce en corto), en Panamá.

Del 4 al 6 de junio, diputadas y diputados de toda la región se reunieron para algo más que dar discursos: se sentaron a construir propuestas legislativas que unificaran criterios en materia ambiental y de turismo sostenible. ¿Y qué salió de ahí? Nada menos que el impulso a una idea que suena ambiciosa pero urgente: una Constitución Ambiental Unificada para América Latina y el Caribe.

Sí, una especie de marco común que alinee las leyes de los distintos países sobre temas como cambio climático, conservación, transición energética o turismo ecológico. Para decirlo fácil: si todos los países de la región van en la misma dirección, hay más chance de que los esfuerzos locales realmente sirvan.

Ernesto Núñez dijo que esta participación fortalece el papel del Congreso de la Unión en lo que se conoce como “diplomacia parlamentaria ambiental”, o sea, que desde el Poder Legislativo también se hace política internacional, especialmente cuando se trata de salvar al planeta. En su informe publicado en la Gaceta Parlamentaria, subrayó que México no solo está presente, sino que lidera propuestas como el Acuerdo de Escazú, un pacto que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y la justicia ambiental.

Además, durante la reunión se firmó algo clave: la Alianza Parlamentaria para la Acción Climática, una especie de pacto regional para meterle velocidad a la transición energética justa. Esto implica dejar atrás los combustibles fósiles sin dejar a nadie atrás, buscando alternativas limpias pero también accesibles y justas para todas las comunidades.

También hubo refuerzos en la cooperación con organismos internacionales como la FAO (alimentos), el PNUMA (medio ambiente de la ONU), la CAF (banco de desarrollo) y hasta la Cruz Roja, porque sí: el cambio climático también es una crisis humanitaria.

Lo interesante de todo esto es que mientras a veces en México se discute si hay o no una crisis ambiental, en otros foros ya se está hablando de cómo construir marcos legales regionales que exijan resultados reales. Y ahí México, al menos en este espacio, está levantando la mano.

Esto no solo es política exterior; son políticas públicas que, con voluntad política, pueden aterrizar en leyes nacionales para proteger nuestros bosques, nuestras playas y el aire que respiramos. La pregunta, como siempre, será si esos acuerdos que se firman allá, terminan transformándose en acciones acá.