La propuesta que podría cambiar la salud para los pueblos indígenas

Por Bruno Cortés

Imagínate llegar enfermo a una clínica, con fiebre, dolor y sin entender una sola palabra de lo que dice el doctor. Ahora imagina que, además de eso, te hablan en términos complicados, con palabras como «diagnóstico diferencial» o «inflamación sistémica», cuando ni siquiera hablas español como lengua materna. Para millones de personas en México, especialmente quienes viven en comunidades indígenas, eso es parte de su realidad cada vez que van al doctor.

Con esto en mente, la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso un cambio en la ley que podría parecer simple, pero que en la práctica significaría un antes y un después para la salud en comunidades indígenas. Lo que quiere es reformar el artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para que la Secretaría de Salud tenga un asiento en el Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).

¿Y esto qué implica? Básicamente, que se puedan coordinar ambas instituciones para garantizar que haya intérpretes y traductores en los centros de salud públicos. Es decir, que las personas indígenas puedan explicar qué sienten y que también entiendan qué les está pasando y qué tratamiento deben seguir, todo en su propia lengua. Desde la clínica más chiquita en una comunidad, hasta los hospitales más grandes del país.

Parece obvio, ¿no? Pero no es algo que esté garantizado hoy. Y el problema es grave. Cuando un paciente no puede decir claramente lo que siente, el diagnóstico puede fallar. A veces no se le receta el medicamento adecuado. Y en muchos casos, ni siquiera entienden qué enfermedad tienen o qué deben hacer. Esto se complica aún más cuando el personal médico no está sensibilizado ni capacitado para tratar con personas indígenas, lo que puede generar actitudes discriminatorias que los alejan aún más de los servicios de salud.

Según cifras del INEGI, en México hay más de 25 millones de personas consideradas indígenas, y más de 7 millones hablan alguna lengua originaria. Eso no es poca cosa. Estamos hablando de casi una cuarta parte del país. Y sin embargo, sus lenguas no están presentes en hospitales, clínicas ni centros de salud como deberían.

La diputada Trujillo pone el dedo en la llaga: la barrera del idioma no es solo un tema cultural, es una barrera que pone en riesgo la salud e incluso la vida de las personas. Y como ella dice, no se trata solo de traducir palabras, sino de transmitir con claridad el sentido de lo que el médico quiere comunicar, en un contexto donde muchas veces las palabras pueden definir entre la vida y la muerte.

Esta propuesta fue enviada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y si avanza, podría obligar legalmente a la Secretaría de Salud a contar con personal de interpretación en lenguas indígenas, sobre todo en las regiones donde estas comunidades están asentadas.

Más allá de una reforma legal, se trata de justicia básica: que nadie sea excluido del sistema de salud por no hablar español. Porque todos —indígenas o no— tenemos derecho a entender y ser entendidos cuando se trata de nuestra salud.

Esta iniciativa podría parecer técnica o burocrática, pero en el fondo es un paso hacia un país más justo, donde se reconozca que hablar otra lengua no debería ser un obstáculo para recibir atención médica de calidad. O como lo resume bien la diputada Trujillo: “no se puede ejercer un derecho que no se comprende”.