En medio del debate sobre una posible reforma político-electoral, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, puso el dedo en una herida que atraviesa todo el sistema político: la influencia del crimen organizado en las campañas.
Desde su posición al frente de la conducción de las sesiones en San Lázaro, López Rabadán fue clara: si se van a cambiar las reglas electorales, que sea para impedir que los delincuentes se sientan dueños de diputados, alcaldes o gobernadores. En otras palabras, antes de discutir fórmulas de representación o ajustes técnicos, la prioridad —dijo— debe ser cerrar la puerta al dinero ilícito y a la presión criminal en los procesos electorales.
Para quien no sigue de cerca la política, el mensaje es sencillo: las leyes electorales son las reglas del juego para competir por el poder. Si esas reglas permiten que el crimen financie campañas o intimide candidatos, la democracia se distorsiona desde el origen. Por eso, la legisladora sostiene que la discusión no puede quedarse en cálculos de mayorías o minorías, sino enfocarse en garantizar elecciones libres de injerencias ilegales.
López Rabadán también subrayó que cualquier reforma debe cuidar la representación de todos los votos. Es decir, que lo que la gente deposita en las urnas se refleje de manera clara en el Congreso de la Unión. En términos prácticos, eso significa que tanto mayorías como minorías tengan voz en los espacios donde se toman decisiones.
Como presidenta de la Mesa Directiva, garantizó que el debate será público, transparente y apegado a la legalidad. Pero dejó claro que el contexto nacional obliga a poner la seguridad en el centro. Habló de cárteles que generan miedo, de extorsiones, de asesinatos y desapariciones, y planteó que la exigencia ciudadana es frenar esa violencia también desde el ámbito electoral.
El trasfondo es político, pero el impacto es cotidiano. Si el crimen influye en quién gana una alcaldía o una gubernatura, eso termina afectando decisiones sobre presupuesto, seguridad y servicios públicos. Por eso, el llamado de López Rabadán no es solo jurídico, sino también práctico: sin elecciones limpias, la representación pierde legitimidad.
En un Congreso donde las posiciones suelen polarizarse, la discusión sobre cómo blindar las campañas frente al crimen organizado podría convertirse en uno de los puntos centrales de cualquier reforma. La pregunta de fondo es si las fuerzas políticas estarán dispuestas a construir acuerdos para que la seguridad también sea parte estructural del modelo electoral.
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