En el Congreso se está moviendo una pieza clave para el control del dinero público, y aunque suene técnico, en realidad tiene que ver con algo muy sencillo: quién va a vigilar cómo se gasta cada peso del gobierno federal durante los próximos años. El diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del PVEM, preside la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y acaba de dar un paso importante en el proceso para elegir a la próxima persona titular de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo 2026-2034.
La Comisión aprobó por unanimidad la lista de aspirantes que tienen alguna “prevención”, es decir, personas que sí se registraron, pero a quienes les falta algún documento o deben aclarar algo en su expediente. En total se inscribieron 92 aspirantes, una cifra que el propio Herrera Borunda calificó como histórica, sobre todo si se compara con 2018, cuando se registraron 43. De esos 92, 67 entregaron toda la documentación completa, 20 deberán subsanar algún requisito y cinco quedaron fuera por no cumplir con lo establecido en la convocatoria.
¿Y qué significa esto en términos prácticos? Que el proceso sigue vivo y que quienes tengan observaciones podrán corregirlas en un plazo de 48 horas, acudiendo de manera presencial a la Comisión. Si no lo hacen en tiempo y forma, su registro se tendrá por desestimado. La idea, según explicó el legislador, es garantizar que nadie quede fuera por un error subsanable, pero también que se respeten las reglas del juego.
La Auditoría Superior de la Federación no es un órgano menor. Es la instancia que revisa cómo el gobierno federal ejerce el presupuesto, detecta irregularidades y presenta observaciones sobre posibles malos manejos. En otras palabras, es uno de los principales contrapesos técnicos en materia de gasto público. Por eso el proceso de designación suele ser delicado y muy observado por partidos y ciudadanía.
Durante la discusión en la Comisión hubo debate sobre qué tan estrictos deben ser con los formatos. Legisladores de distintas bancadas coincidieron en que no se trata de rechazar perfiles por detalles de forma, pero también advirtieron que cualquier descuido podría abrir la puerta a impugnaciones. El fondo del asunto es cuidar la legalidad del proceso y evitar que la designación termine cuestionada.
Herrera Borunda subrayó que la revisión de expedientes se realizó con apoyo técnico y participación de la mayoría de los grupos parlamentarios, buscando dar transparencia y certeza. También pidió máxima publicidad al acuerdo y adelantó que los siguientes pasos incluirán la definición de la etapa de entrevistas, donde se evaluará a quienes cumplan con todos los requisitos.
En un país donde la discusión pública suele centrarse en elecciones y partidos, este proceso puede pasar desapercibido, pero es fundamental para la salud financiera del Estado. Quien encabece la Auditoría de 2026 a 2034 tendrá en sus manos la revisión de miles de millones de pesos y la posibilidad de señalar fallas estructurales en el gasto. Por eso, más allá de los nombres, lo que está en juego es la credibilidad del sistema de fiscalización y la confianza en que el dinero público se vigila con lupa.
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