El Instituto Nacional Electoral (INE) se metió en aguas profundas esta semana luego de que un video promocional en TikTok utilizara la voz del fallecido actor de doblaje Pepe Lavat, emblemático por ser la voz de Goku en Dragon Ball Z. Lo que parecía un intento por acercarse a públicos más jóvenes terminó en un debate sobre ética, derechos de imagen y el uso de inteligencia artificial (IA) en instituciones públicas.
Ante la crítica generalizada de usuarios y del gremio de actores de doblaje, así como la denuncia pública de Gisela Casillas, viuda de Lavat, el INE anunció este viernes que retirará el video de su cuenta oficial de TikTok.
En un comunicado, el Instituto reconoció que aún no existen lineamientos claros para el uso de IA en la producción de contenidos institucionales, por lo que, mientras se consolida una normatividad, se decidió bajar el contenido.
“El uso no regulado de IA puede abrir la puerta a riesgos como suplantación de identidad, desinformación o pérdida de confianza pública”, advirtió el organismo electoral. Por ello, el Grupo de Gobierno de Tecnología de la Información y la Comunicación (GGTC) del INE presentó un informe con recomendaciones técnicas y operativas para definir protocolos responsables, además de proponer un programa de capacitación interna sobre el uso ético de estas tecnologías.
En ese sentido, la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, admitió que la falta de regulación es un reto institucional urgente, y reafirmó el compromiso del Instituto con la elaboración de criterios normativos claros para evitar que este tipo de incidentes se repitan.
La controversia puso sobre la mesa un tema que va más allá del INE: en México no existe aún una legislación específica sobre el uso de inteligencia artificial, particularmente en lo que respecta al uso de voces e imágenes de personas fallecidas sin consentimiento, lo que ha motivado incluso protestas en la Ciudad de México por parte del gremio artístico.
Este episodio deja claro que, aunque la IA puede ser una herramienta poderosa para la comunicación institucional, su uso sin reglas claras representa riesgos éticos, legales y reputacionales. En el caso del INE, el intento de modernizar su narrativa digital terminó por abrir una discusión más profunda sobre los límites de la tecnología cuando se cruza con los derechos humanos y la memoria colectiva.
La lección está servida: antes de usar IA con fines públicos, es necesario establecer primero el marco legal y ético que proteja a las personas, vivas o no.
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