El próximo 1 de junio, día en que se celebrará por primera vez en México una elección directa para elegir jueces y magistrados, el Instituto Nacional Electoral (INE) dará a conocer la estimación de participación ciudadana esa misma noche, una decisión clave para ofrecer certidumbre en un proceso inédito y rodeado de polémicas.
El Consejo General del INE, en una sesión extraordinaria, aprobó una adenda al Programa del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), con la que se establecerá una muestra de mil 644 casillas en todo el país. A partir de esos datos, se generará un cálculo preliminar sobre cuántas personas acudieron a votar en esta histórica jornada.
Según explicó el consejero Jorge Montaño Ventura, presidente de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario, la muestra representativa será seleccionada un día antes de la votación por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) y notificada de inmediato a los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), quienes se encargarán de recopilar la información directamente en campo.
Con este modelo, el INE busca contar con un indicador confiable sobre el nivel de participación y tenerlo disponible la misma noche del 1 de junio, luego del cierre de casillas. El informe será entregado a Guadalupe Taddei, consejera presidenta, para su difusión oficial.
En esta primera elección judicial, están convocados a las urnas 99.7 millones de mexicanos para elegir entre 3 mil 422 candidatos a 881 cargos del Poder Judicial de la Federación, incluyendo nuevos integrantes de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral. Se instalarán 84 mil 123 casillas, incluyendo 245 especiales para quienes se encuentren fuera de su sección electoral.
Sin embargo, este proceso ha estado marcado por la controversia: denuncias de presuntos vínculos con el crimen organizado, alertas de interferencia del Ejecutivo, y llamados de atención de organismos como la ONU, jueces en funciones y organizaciones civiles preocupadas por la integridad de la elección.
A pesar de ello, el INE avanza con su planificación, buscando ofrecer transparencia y certeza en una elección sin precedentes que podría transformar la relación entre el poder judicial y la ciudadanía.
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