IFT sin futuro ni fondos

Por Juan Pablo Ojeda

Mientras en el Congreso se discute el futuro de las telecomunicaciones en México, al interior del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) crece la incertidumbre. No sólo por su eventual desaparición, sino porque simplemente no hay dinero suficiente para cerrar la cortina con dignidad. Así lo advirtió Javier Juárez Mojica, actual presidente en suplencia del IFT, quien alzó la voz para pedir que se garanticen los derechos laborales y liquidaciones justas para las mil 250 personas que trabajan en ese organismo autónomo.

La historia va más o menos así: el IFT pidió mil 680 millones de pesos para su operación este año, pero el Congreso le asignó sólo 500 millones. Eso representa menos del 30% de lo solicitado, una cifra que, en palabras del propio Juárez Mojica, apenas alcanza para cubrir sueldos hasta mediados de julio. Después de eso, ni cómo pagar lo que se debe por ley a quienes han servido al Estado desde esta institución que ha regulado las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país.

Y mientras el dinero no alcanza, el calendario avanza. La reforma constitucional que plantea extinguir al IFT se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en diciembre del año pasado y daba un plazo de 180 días naturales para desaparecerlo. Pero una nueva iniciativa —más acelerada— marca un límite de apenas 30 días. ¿Cuál aplicará? Eso depende de lo que digan los artículos transitorios que se publiquen en la ley final, explicó el comisionado presidente. En otras palabras, todo está en el aire hasta que se publiquen los detalles.

En un país donde la incertidumbre institucional se ha vuelto parte del paisaje, la preocupación principal de Juárez Mojica no es sólo la extinción del IFT, sino que el personal que ha construido el conocimiento técnico del sector no quede en el olvido. “Es experiencia muy valiosa y tiene mucho que seguir aportando al sector”, dijo, subrayando que el respeto a los derechos laborales no puede ser una víctima más del rediseño institucional.

Porque sí, lo que está ocurriendo es un rediseño profundo del Estado mexicano en telecomunicaciones. Las funciones del IFT podrían trasladarse a una nueva figura llamada Agencia de Transformación Digital. Pero nada es definitivo aún. Todo depende de cómo quede la legislación secundaria, esa letra chica que muchas veces pasa desapercibida pero que es la que realmente define cómo operan las cosas.

Por ahora, desde el IFT se dice que respetarán el proceso legislativo. Pero también se deja claro que la desaparición de un órgano autónomo no puede hacerse sin planear el cierre, sin dinero suficiente para liquidar y sin cuidar a quienes han sido parte del andamiaje institucional que hoy se quiere desmontar.

Así que mientras algunos hablan de transformación digital, otros —los trabajadores— esperan una respuesta concreta: ¿qué va a pasar con sus derechos, sus empleos y su futuro?