Hugo Eric Flores alista proceso contra Alejandro Moreno

Por Bruno Cortés

En la Cámara de Diputados, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes está midiendo los tiempos con cuidado. No es casualidad. Lo que viene en los próximos días mezcla política, leyes y uno de esos casos que suelen encender el debate público: el proceso contra el senador priista Alejandro Moreno Cárdenas.

Flores, quien encabeza la Sección Instructora —el órgano encargado de revisar si procede o no quitarle el fuero a un funcionario para que enfrente la justicia—, dejó claro que no quiere que se crucen los temas. Primero, dijo, debe resolverse en el Pleno el llamado “Plan B” de la reforma electoral, impulsado en el contexto del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, y después vendrá el análisis del caso.

Aquí vale hacer una pausa para entender qué significa todo esto. Cuando se habla de “declaración de procedencia”, en realidad se está hablando de decidir si un político puede ser investigado penalmente como cualquier ciudadano. Es decir, si se le quita el fuero. Y ese paso no es automático: pasa por filtros políticos, pero también jurídicos.

Flores insiste en que su papel no es político, sino técnico. Según explica, la Sección Instructora no juzga si alguien es culpable o inocente, sino si existen elementos suficientes para que el caso avance. Es como una especie de “filtro inicial” antes de que intervenga un juez.

El punto clave es que el proceso depende de la información enviada por la Fiscalía de Campeche, que recientemente entregó nuevos datos. Esto cambia el tablero, porque ya no se trata del mismo expediente que cuando Moreno era diputado, sino de nuevas investigaciones relacionadas con su etapa como gobernador de Campeche.

Entre los señalamientos que se analizan están delitos como peculado —uso indebido de recursos públicos— y abuso de funciones. En palabras simples, se trata de revisar si hubo mal manejo del dinero público o decisiones fuera de la ley durante su administración.

Flores lo resume así: no es un tema de tiempos políticos, sino de pruebas. Pero en la práctica, el contexto pesa. Y más cuando al mismo tiempo se discuten reformas electorales que polarizan el ambiente en el Congreso.

Por si fuera poco, el diputado también puso sobre la mesa otro tema que conecta con el bolsillo público: las llamadas “pensiones doradas”. Se trata de beneficios económicos que reciben algunos exfuncionarios y que, en ciertos estados, consumen buena parte del presupuesto.

El caso de Morelos es un ejemplo que mencionó: ahí, dijo, hasta la mitad del presupuesto del Congreso local se va en este tipo de pagos. Por eso, adelantó que se busca votar un dictamen para eliminarlas o acotarlas.

Este debate no es menor. Está ligado a un principio que ya está en la Constitución: ningún servidor público debería ganar más que la persona titular del Ejecutivo. Sin embargo, en la práctica, esa regla todavía no se cumple en muchos espacios.

Al final, lo que se está jugando en estos temas va más allá de nombres y partidos. Por un lado, está la discusión sobre si los políticos deben rendir cuentas como cualquier ciudadano. Por otro, cómo se usan los recursos públicos y quién se beneficia de ellos.

Y en medio de todo, el Congreso vuelve a ser el escenario donde se cruzan la ley, la política y la percepción pública.