Guanajuato pospone votación sobre despenalización del aborto

Por Juan Pablo Ojeda

El Congreso del estado de Guanajuato pospuso este jueves la votación sobre la despenalización del aborto, luego de registrarse un empate técnico de 18 votos a favor y 18 en contra durante una sesión que se prolongó por más de seis horas y estuvo marcada por un ambiente de alta tensión política y social.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guanajuato, al no alcanzarse una mayoría decisiva, la discusión y la votación del dictamen que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo se reanudarán en la próxima sesión ordinaria, programada para el 5 de junio. Si persiste el empate en esta fecha, el proceso se reservará para el siguiente periodo ordinario en septiembre y, de no haber cambios, se ordenará el archivo definitivo de la iniciativa.

La sesión se desarrolló entre protestas simultáneas de colectivos feministas, que defienden la legalización del aborto, y grupos provida, que rechazan cualquier reforma en esta materia, tanto dentro como fuera del recinto legislativo.

Uno de los momentos clave de la jornada fue el voto de la diputada Rocío Cervantes Barba, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien decidió unirse a los 16 legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y al diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que votaron en contra, generando así el empate definitivo en la votación.

Además del dictamen principal, la Legislatura también decidió archivar otras iniciativas relacionadas, entre ellas la propuesta para eliminar de la Constitución local la definición de persona desde la concepción hasta la muerte natural, y otra que pretendía establecer la obligación del Estado para prestar servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción legal del embarazo.

Guanajuato, entre los estados rezagados en derechos reproductivos

Con esta decisión, Guanajuato continúa siendo uno de los nueve estados en México que no han despenalizado el aborto, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido sentencias que ordenan a los congresos locales armonizar sus legislaciones con criterios constitucionales sobre derechos reproductivos.

Actualmente, 22 de los 31 estados, junto con la Ciudad de México, permiten la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación, y solo el estado de Sinaloa amplía este plazo hasta la semana 13. La Ciudad de México, pionera en este tema desde 2007, ha discutido recientemente la eliminación total del límite temporal para abortar, argumentando que mantener un plazo contribuye a la criminalización y afecta principalmente a mujeres vulnerables.

Desde 2019, otros estados como Campeche, Chihuahua, Nayarit, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Guerrero, Quintana Roo, Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí, Puebla, Michoacán, Zacatecas, Estado de México, Chiapas, Coahuila, Yucatán y Tabasco han seguido esta línea, ampliando derechos reproductivos en sus respectivas jurisdicciones.

Contexto político y social

La discusión en Guanajuato refleja la polarización nacional sobre el aborto, un tema que divide no solo a partidos políticos sino también a la sociedad civil. La votación y el empuje de colectivos feministas muestran el avance en derechos humanos y libertades individuales, mientras que la resistencia de sectores conservadores, en especial de partidos como el PAN, siguen marcando el ritmo en varios congresos locales.

El resultado en Guanajuato marca un nuevo capítulo en una lucha que sigue pendiente en la agenda legislativa, y pone sobre la mesa la necesidad de un debate profundo que atienda tanto los derechos de las mujeres como las preocupaciones sociales y culturales presentes en la región.