FONDEN fantasma: México enfrenta emergencias sin fondo para desastres

Las inundaciones que afectan a Veracruz, Puebla e Hidalgo reactivaron el debate sobre la ausencia de un Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), eliminado en 2021 por decreto presidencial durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin ese instrumento financiero, los estados han debido recurrir a reasignaciones presupuestales para atender a miles de damnificados.

El FONDEN, creado en 1996, permitía transferir recursos inmediatos a zonas de emergencia por fenómenos naturales. Fue disuelto bajo el argumento de ser una “caja chica” susceptible a corrupción. Desde entonces, los apoyos se canalizan mediante mecanismos administrativos más lentos del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que ha provocado retrasos en la atención de emergencias.

Impacto y cifras recientes

Según datos del Gobierno de México, 79 personas permanecen no localizadas en cinco entidades tras las recientes lluvias, mientras miles esperan apoyos de vivienda y alimentación. En Veracruz, las pérdidas estimadas superan los 500 millones de pesos, y la Secretaría de Marina (SEMAR) mantiene desplegados más de 5,000 efectivos en tareas de rescate y apoyo humanitario.

Reacciones políticas y críticas

El exdiputado Fernando Belaunzarán acusó al anterior mandato de “haber eliminado el FONDEN sin prever una alternativa eficaz”. En su cuenta de X (antes Twitter), señaló que “se prometió ayuda ilimitada, pero no hay recursos etiquetados para emergencias; los estados se autofinancian como pueden”.

Desde el actual gobierno federal, fuentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmaron que se emplean fondos de contingencia presupuestal, pero reconocen que “los procedimientos son más complejos que bajo el esquema del FONDEN”.

Contexto y debate estructural

Especialistas en gestión de riesgos advierten que la eliminación del fondo dejó a México sin un “escudo financiero” ante el incremento de eventos hidrometeorológicos ligados al cambio climático. En 2023, la ONU situó al país entre los 10 más vulnerables del continente a estos fenómenos, con el 70% de la población viviendo en zonas de riesgo.