FGR amplía cateos en Guerrero por caso Ayotzinapa

Por Juan Pablo Ojeda

La investigación por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa volvió a sacudir a Iguala. La Fiscalía General de la República llevó a cabo un amplio operativo que terminó con el aseguramiento de dos nuevas propiedades vinculadas a una familia señalada dentro de la indagatoria. El despliegue, encabezado por la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, se centró en inmuebles relacionados con la funeraria El Ángel, uno de los nombres que desde hace meses aparece reiteradamente en las diligencias federales.

El operativo más delicado ocurrió en una casa de tres niveles situada en la colonia Villa de Guadalupe. Ahí, agentes federales retuvieron por alrededor de cinco horas a dos adultos mayores, familiares de Rodolfo “N” y Rodolfo “R”, detenidos previamente. La familia denunció que los adultos fueron incomunicados y que no existía ninguna orden judicial en su contra, acusando a la autoridad de actuar con arbitrariedad. Una sobrina cuestionó que “siempre es lo mismo desde que empezaron los cateos”, acusación que refleja el clima de desconfianza que ha generado la presencia federal.

Durante la diligencia, los agentes aseguraron aparatos electrónicos, computadoras, memorias y dos pequeñas bolsas con presunta droga. El patriarca de la familia afirmó que la sustancia podría haber sido introducida por los propios elementos, asegurando que “se llevaron cosas que no tienen nada que ver con los estudiantes”, un reclamo que complica aún más el ambiente en torno al operativo. La casa no es un sitio cualquiera: en el pasado fue utilizada como depósito de cuerpos cuando la familia tenía la concesión del Servicio Médico Forense, un antecedente que ya había generado protestas vecinales.

El aseguramiento también abarcó los velatorios El Ángel ubicados en el centro de Iguala, además de otra propiedad en la calle Ignacio Zaragoza, donde aún se prestaban servicios funerarios pese a un cateo previo. Estas zonas fueron acordonadas por la Guardia Nacional, el Ejército y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con restricciones al tránsito vehicular y peatonal mientras se realizaban las diligencias judiciales.

Los cercos se retiraron después de las 16:30 horas, cuando los adultos mayores pudieron salir finalmente de la vivienda, ya sellada con la orden de aseguramiento correspondiente a la carpeta FED/SDHPDSC/0I-GRO/0000022/2020, que sigue líneas relacionadas con desaparición forzada de personas. Una mujer del entorno familiar lamentó que “ya no podremos regresar a la casa”, aun cuando —según dijo— los federales no los trataron mal.

Las acciones de la FGR no se limitaron a estos domicilios. El lunes 9 de diciembre también se realizaron diligencias en los hornos crematorios utilizados por la funeraria y en instalaciones del antiguo Semefo concesionado a la familia, ambas ubicadas sobre la carretera federal México-Acapulco. Con estos movimientos, ya son al menos seis propiedades intervenidas y dos detenciones confirmadas dentro de la investigación federal.

El Gabinete de Seguridad respaldó el operativo, destacando que forma parte de una estrategia más amplia para seguir reconstruyendo los hechos del 26 de septiembre de 2014 y deslindar responsabilidades en torno al uso presuntamente irregular de instalaciones funerarias. El caso Ayotzinapa continúa siendo una de las heridas abiertas más profundas del país, y cada nueva diligencia revela que aún quedan piezas por ajustar en esta compleja trama que busca justicia para los 43.