FGR acusa a César Duarte de desviar millones a sus propias empresas

Por Juan Pablo Ojeda

La Fiscalía General de la República volvió a poner bajo la lupa a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, al acusarlo formalmente de mover dinero público como si se tratara de capital privado. Según la FGR, Duarte habría intentado ocultar más de 76 millones de pesos de los 96 millones que presuntamente desvió durante su administración, usando un esquema que mezclaba subsidios, empresas propias y transferencias disfrazadas. En palabras simples: dinero que debía impulsar al sector ganadero del estado habría terminado regresando a las cuentas del propio exmandatario y de su círculo más cercano.

Durante la audiencia inicial del 9 de diciembre, realizada en el penal del Altiplano, la defensa intentó frenar el proceso, pero el juez rechazó la petición y permitió que la Fiscalía expusiera sus pruebas. Ahí se detalló cómo los recursos públicos fueron redirigidos a empresas vinculadas a Duarte y a su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, quienes —según los reportes— no solo figuraban como accionistas, sino también como responsables directos de las decisiones empresariales.

La FGR sostiene que la Unión Ganadera Regional División del Norte y la Financiera División del Norte fueron clave en el presunto desvío, ya que Duarte habría fungido como accionista mayoritario y presidente de sus consejos. A la par, Pavimentos y Servicios El Parral e Hidroponia El Parral aparecen como parte del entramado, donde su esposa habría sido socia y representante legal. El hilo conductor, según las investigaciones, apunta a que el dinero destinado originalmente a la compra de ganado y equipamiento terminaba moviéndose mediante convenios y subsidios hasta caer en cuentas personales del exgobernador, su esposa e incluso sus hijos.

La Fiscalía también reveló que parte de estos recursos habrían sido utilizados para saldar deudas privadas, como el pago de una tarjeta American Express a nombre de Gómez Fong. Esto se respaldó con dictámenes contables y fiscales de la Auditoría Superior de Chihuahua, que detectó conflicto de interés, triangulación y beneficios directos a las empresas del entorno de Duarte.

La red no habría operado sola. En el caso también figura Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda estatal, señalado por la FGR como una pieza clave en la administración del dinero desviado. Los registros bancarios, declaraciones fiscales y otros datos presentados por la Fiscalía —más de 100, según los reportes de audiencia— buscan demostrar cómo se movió el dinero del erario hacia los beneficiarios de la estructura creada durante el gobierno de Duarte.

El proceso apenas comienza, pero el expediente que la FGR colocó sobre la mesa muestra un caso que, de confirmarse plenamente, revelaría un uso sistemático de recursos públicos para financiar empresas familiares. Un recordatorio más de cómo, cuando el poder se mezcla con negocios propios, las líneas entre lo público y lo privado terminan desapareciendo para beneficio de unos cuantos.