Exclusión en Pemex: el aumento que dejó fuera a miles

Por Bruno Cortés

En Pemex se encendió un pleito que ya llegó al Congreso, y todo por un aumento salarial que solo se aplicó a un grupo muy específico: el personal sindicalizado. La diputada Ariana Rejón Lara, del PRI, denunció que más de 23 mil jubilados y 24 mil trabajadores de confianza quedaron fuera del ajuste, algo que calificó como injusto, arbitrario y contrario a cualquier principio básico de igualdad. Y es que, según explicó, muchos de ellos reciben alrededor de 9 mil pesos al mes, una cantidad que apenas alcanza para cubrir lo elemental.

La legisladora llamó la atención sobre un hecho inusual: “por primera vez en casi 80 años”, Pemex decidió que el aumento fuera exclusivo para el sindicato. Para ella, esto no es una simple decisión administrativa, sino una señal de un modelo de gobierno que premia a los aliados políticos y descuida al resto. Por eso, su bancada ya presentó un punto de acuerdo para exigir que Pemex y la Secretaría de Hacienda corrijan la medida y otorguen el aumento a todos los trabajadores.

El tema también fue retomado por el diputado panista Julen Rementería, quien subrayó que no se trata de dádivas ni privilegios, sino de derechos laborales que están en la ley. Para él, lo inadmisible es que dentro de la misma empresa haya trabajadores de primera y de segunda. Su mensaje fue directo: el Gobierno Federal, Pemex y la Secretaría de Energía deben responder, porque no se puede permitir que unos reciban un trato y otros no sin una razón válida.

Desde el terreno sindical, también hubo reclamos. Francisco Zamora Salazar, secretario general de la Sección 8 del Sindicato UNTyPP, señaló una posible “discriminación sindical”, explicando que todos los demás sindicatos sí recibieron el aumento, a excepción del suyo. Además, aprovechó para denunciar basificaciones desiguales, despidos injustificados y falta de condiciones reales para que exista libertad sindical dentro de la empresa.

La molestia no solo viene de los representantes. José de Jesús González, un jubilado, dijo que este tipo de exclusión “nunca había sucedido” en décadas y aseguró que Pemex está justificando la decisión como una medida de ahorro. Para quienes dependen de pensiones ajustadas, estas explicaciones no alcanzan.

Así, entre declaraciones, reclamos y solicitudes formales, el caso ya se convirtió en un frente político y laboral. En un país donde Pemex todavía es símbolo nacional y uno de los mayores empleadores públicos, dejar fuera a decenas de miles de trabajadores no solo genera inconformidad: también abre un debate sobre justicia laboral, trato equitativo y decisiones que, aunque técnicas, afectan directamente a quienes ya lo dieron todo por la empresa.