Escuelas cerca de Dos Bocas serán reubicadas tras incendios

Por Juan Pablo Ojeda

La presión social y los recientes incidentes en la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, ya están moviendo decisiones que impactan directamente a las familias. La secretaria de Educación de Tabasco, Patricia Iparrea, confirmó que comenzó el proceso para reubicar a estudiantes de escuelas cercanas, aunque dejó claro que la responsabilidad principal recae en Pemex.

El tema no es menor. En política pública, cuando se habla de infraestructura energética y comunidades, el punto clave siempre es el equilibrio entre desarrollo económico y seguridad. Aquí, ese equilibrio se rompió con los incendios recientes, lo que obligó a las autoridades a acelerar medidas que antes avanzaban más lento.

De acuerdo con la funcionaria, el gobierno estatal ya está haciendo su parte: buscar espacios y coordinar traslados. Pero la decisión final no es completamente institucional, también pasa por las familias. Son los padres quienes decidirán si aceptan mover a sus hijos a nuevas escuelas, aunque el contexto de riesgo claramente influye en esa decisión.

El foco está en dos planteles: el jardín de niños “Agustín Melgar” y la primaria “Abías Domínguez Alejandro”, ubicados muy cerca de la refinería. Tras los incendios —uno de ellos con víctimas mortales— el temor creció entre la población. Y no es solo percepción: padres llevan tiempo denunciando olores a químicos, molestias en ojos y vías respiratorias, lo que apunta a un problema ambiental que va más allá de un accidente aislado.

Desde el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum ya había dado una señal política importante: aunque aseguró que no hay riesgo comprobado para los estudiantes, pidió a Pemex buscar un nuevo terreno para reubicar las escuelas. Es decir, aunque técnicamente no se reconoce un peligro inmediato, políticamente se opta por prevenir.

Ahí entra otro elemento clave en políticas públicas: la gestión del riesgo. No siempre se actúa solo con base en evidencia científica dura, también pesan la presión social, la percepción ciudadana y el costo político de no actuar a tiempo.

Pemex, por su parte, tendrá que asumir el siguiente paso: acondicionar el terreno que ya fue donado para trasladar los planteles. Esto implica inversión, logística y tiempos que todavía no están del todo claros, lo que mantiene la incertidumbre entre las familias.

Mientras tanto, la comunidad sigue en una especie de limbo: saben que habrá reubicación, pero no cuándo ni cómo exactamente. Y ese vacío de información, en temas sensibles como salud y educación, suele generar más tensión que certezas.

Al final, este caso refleja algo más grande: cómo los grandes proyectos energéticos del país, como Dos Bocas, no solo se miden en producción o inversión, sino en su impacto directo en la vida cotidiana de la gente.