Diputada exige cuentas por crimen y seguridad en Tabasco

Por Bruno Cortés

En medio del torbellino político de cada semana, a veces hay voces en el Congreso que intentan encender focos rojos sobre temas que nadie más quiere tocar. Esta vez, la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, del PAN, alzó la voz en la Comisión Permanente con un tema delicado y explosivo: pidió que comparezca nada menos que Audomaro Martínez Zapata, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, por su presunta relación —o al menos omisión— ante los crímenes atribuidos al grupo criminal “La Barredora” en Tabasco.

¿Quién es este grupo y por qué importa? “La Barredora” es una organización que ha sido señalada por actos de violencia y delitos graves en el estado, y que estaría encabezada por Hernán Bermúdez. ¿El problema? Que estos delitos ocurrieron durante la gestión de Audomaro Martínez al frente del órgano de inteligencia más importante del país. Y nadie, hasta ahora, había exigido explicaciones públicas.

La diputada no se quedó ahí. Además de pedir la comparecencia formal ante las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Defensa Nacional, también exigió la instalación inmediata de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. ¿Qué significa esto para el ciudadano de a pie? Básicamente, que haya un mecanismo real de vigilancia sobre lo que hacen —o dejan de hacer— las autoridades en materia de seguridad e inteligencia. Porque cuando no hay supervisión, crece el riesgo de que la impunidad se normalice.

Y por si fuera poco, Pérez-Jaén recordó que ya había presentado otro punto de acuerdo apenas hace una semana, en el que pedía que el senador Adán Augusto López Hernández —sí, el exsecretario de Gobernación— solicitara licencia y se pusiera a disposición de las autoridades. ¿Por qué? Porque también se le menciona en las investigaciones sobre estos hechos en Tabasco.

En pocas palabras, la diputada está echando luz sobre una posible red de omisiones o encubrimientos que podrían tener eco no solo en Tabasco, sino a nivel nacional. La seguridad nacional no es tema menor, y lo que se decida —o se oculte— en el Congreso puede tener consecuencias directas en las calles, en los estados y en la percepción ciudadana de justicia.

Como era de esperarse, también fue cuestionada sobre los dichos recientes del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que “México hace lo que él dice”. Su respuesta fue clara: lamentó profundamente que Trump esté marcando agenda y opinó que eso no solo es desafortunado, sino que también deja mal parado al gobierno mexicano si no responde con firmeza.

Lo que está ocurriendo aquí no es solo una pelea entre partidos. Es una llamada de atención sobre los vacíos que existen en la supervisión del aparato de seguridad del país, y sobre cómo la política de inteligencia necesita, más que nunca, rendir cuentas.