En una revelación que puso los reflectores sobre la forma en que México ha administrado su recurso más vital, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó que en Chihuahua detectaron casos donde funcionarios públicos —durante los gobiernos de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto— se adjudicaron alrededor de 150 títulos de concesión de agua para ellos mismos y sus familiares. No se trata de permisos menores: en conjunto concentran cerca de 47 millones de metros cúbicos, una cantidad que, según el funcionario, “podría abastecer a muchísimas comunidades” durante meses.
La declaración encendió el debate público porque exhibe un patrón que se sospechaba desde hace años: el uso del sistema de concesiones como herramienta de privilegio y no como política de gestión hídrica. Conagua aseguró que estos casos están actualmente bajo revisión, lo que abre la puerta a posibles sanciones, cancelaciones y hasta denuncias.
Morales explicó que la dependencia ha revisado 53 mil 600 títulos de concesión, prácticamente todo el padrón nacional. Y lo que encontraron confirma que el problema no es solo de acaparamiento, sino también de desvío ilegal: permisos otorgados para uso agrícola que terminaron abasteciendo campos de golf, complejos deportivos e incluso industrias.
Este hallazgo coincide con el impulso de la nueva Ley General de Aguas, una reforma estructural aprobada en fast track por la Cámara de Diputados el pasado 4 de diciembre y ratificada por el Senado días después. La ley redefine la gestión del agua en México y le da a Conagua más herramientas para ordenar, regular y, sobre todo, frenar el uso indebido del recurso.
El titular de Conagua adelantó que, cuando concluya todo el proceso de revisión, la dependencia publicará un mapa con las zonas donde se detectó uso ilegal de concesiones, mismas que serán clausuradas. El mensaje es claro: la nueva ley busca cerrar las grietas por donde históricamente se ha esfumado el agua, ya sea por corrupción, por omisiones o por privilegios disfrazados de trámites administrativos.
En un país donde la escasez ya golpea a millones, la discusión dejó de ser técnica para convertirse en un tema de justicia social. La promesa del gobierno federal es que esta reforma marque el inicio de un nuevo orden hídrico donde el agua deje de servir a unos cuantos y empiece a abastecer a quienes realmente la necesitan.
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