
Claudia Sheinbaum respalda liberación de Vallarta
Por Juan Pablo Ojeda
Después de pasar casi dos décadas en prisión sin una sentencia firme, Israel Vallarta recuperó su libertad este 1 de agosto de 2025. El caso, uno de los más polémicos del sistema de justicia mexicano, fue calificado por la presidenta Claudia Sheinbaum como una muestra clara de cómo una detención irregular y un proceso contaminado por tortura pueden marcar la vida de una persona.
“Fue la decisión de una jueza”, dijo la mandataria en conferencia matutina, aunque aclaró que desde que Rosa Icela Rodríguez era secretaria de Seguridad, el Gobierno federal había estado trabajando en el caso debido a la tortura sufrida por Vallarta durante su detención en 2005. “Más allá de las investigaciones de la Fiscalía, el origen del caso fue profundamente irregular”, subrayó Sheinbaum.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que el fallo absolutorio fue emitido por el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, y que el proceso legal estuvo plagado de irregularidades. Entre otras cosas, se acumularon 10 apelaciones, 6 juicios de amparo, 7 recursos de revisión y 3 quejas, lo que refleja el desgaste y complejidad del caso.
Vallarta fue arrestado junto a la ciudadana francesa Florence Cassez bajo señalamientos de integrar la supuesta banda de secuestradores “Los Zodiaco”. Mientras que Cassez obtuvo su libertad en 2013, tras la intervención de la Suprema Corte por violación a sus derechos, Vallarta permaneció tras las rejas sin juicio durante casi 20 años.
El caso no solo generó un conflicto diplomático entre México y Francia, sino que puso en evidencia las prácticas abusivas en detenciones y la fabricación de pruebas, como se vio en el operativo mediático que transmitió en vivo un montaje televisivo de su aprehensión.
En 2021, el caso volvió a tomar relevancia tras la detención de Luis Cárdenas Palomino, exmando cercano a Genaro García Luna, acusado de torturar a Vallarta y señalado por vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos.
Desde la administración pasada, y con más énfasis en la actual, el Gobierno brindó atención a la familia de Vallarta, incluyendo gestiones médicas y visitas carcelarias. Hoy, el caso se cierra judicialmente, pero abre de nuevo el debate sobre el uso del fuero, la impunidad institucional y el papel de la justicia en México.
“Yo no tengo nada que ocultar”, dijo Vallarta al salir del penal del Altiplano. Una frase simple que encierra dos décadas de silencio, burocracia judicial y una herida abierta en el sistema legal mexicano.
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