CDMX prepara protocolo para desalojos respetando derechos humanos

Por Juan Pablo Ojeda

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que su administración trabaja en un protocolo integral para regular los desalojos en la capital, con especial énfasis en proteger los derechos humanos y garantizar que ninguna familia, sobre todo las de bajos recursos, quede sin techo.

El anuncio se dio en conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, luego de que medios locales revelaran casos de desalojo forzoso y violento, como el ocurrido el martes 26 de agosto en la calle Tonalá, colonia Roma, donde 22 familias fueron removidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Las personas afectadas denunciaron violencia y acusaciones falsas, y afirmaron que no recibieron notificación formal ni oportunidad de diálogo previo.

“Según nuestro gobierno, no debería haber ninguna familia sin techo a causa de un desalojo. El protocolo contempla reformar la ley para regular estos procesos como último recurso”, explicó Brugada Molina. La propuesta incluirá mesas conciliatorias, búsqueda de diálogo y notificación formal a los residentes. Además, el Poder Judicial deberá informar de manera anticipada a la Secretaría de Gobierno sobre cualquier ejecución de desalojo, con el fin de que la administración pueda intervenir y acompañar a las personas afectadas.

La mandataria destacó que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) será invitada a participar en cada operativo, junto con representantes del gobierno capitalino, para garantizar legalidad y respeto a los derechos individuales. También se presentarán reformas para vigilar la actuación de los auxiliares en desalojos y prevenir agresiones hacia vecinos.

En el mismo acto, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, informó que se entregarán 26 apoyos de renta para los desalojados de Tonalá. Respecto al desalojo en República de Cuba, Centro Histórico, explicó que las 16 familias afectadas fueron hospedadas temporalmente en hoteles y recibirán una ayuda de 4 mil pesos mensuales mientras se encuentran soluciones definitivas.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, aclaró que los desalojos no son ejecutados por la administración local, sino por actuarios designados por los juzgados, y que la intervención del gobierno solo ocurre para respaldar a los residentes una vez notificada la resolución judicial y solicitada la presencia de la fuerza pública. Cravioto enfatizó que se busca cambiar la ley para priorizar el respeto a los derechos humanos en todos los procedimientos de desalojo.

El anuncio llega en un contexto de denuncias recurrentes sobre desalojos violentos y sin garantías legales en distintas zonas de la Ciudad de México, según reportes de medios y organizaciones civiles, lo que subraya la urgencia de establecer reglas claras y respetuosas que protejan a los habitantes.