Artículo 19 exige investigación transparente por sobornos con Pegasus

Por Juan Pablo Ojeda

La organización Artículo 19, dedicada a defender la libertad de expresión, lanzó un llamado urgente: se requiere una investigación profunda, independiente y transparente sobre una red empresarial intermediaria implicada en la compra ilegal del software espía Pegasus durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012‑2018).

Esto surge tras una publicación del diario israelí The Marker, que afirma que dos empresarios, Avishai Neria y Uri Ansbacher, actuaron como facilitadores de contratos entre firmas israelíes y el gobierno mexicano. Según dichas revelaciones, Peña Nieto habría recibido 25 millones de dólares en sobornos a cambio de permitir la adquisición del spyware, destinado a espiar teléfonos sin orden judicial.

Se sumaron a esta demanda la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC, condenando lo que califican como una “operación sistemática de corrupción, espionaje ilegal y violación de derechos fundamentales”. Según ellas, este espionaje no solo fue malversación de recursos públicos, sino también un ataque directo a la privacidad de periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.

Artículo 19 recordó que en el único juicio penal sobre Pegasus en México —derivado del caso Aristegui—se documentaron vínculos de Ansbacher con el gobierno peñista, incluyendo un testimonio protegido que asegura que operaba “por órdenes directas” de Peña Nieto, del exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y del exjefe del Cisen, Eugenio Imaz.

Frente a estas acusaciones, se exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y al gobierno de Claudia Sheinbaum que actúen con celeridad e independencia política: investigar a fondo, sancionar a los responsables y asegurar la no repetición de tales abusos. También reclaman que se transparenten los contratos y recursos públicos destinados a tecnologías de vigilancia, no solo del sexenio peñista, sino también bajo el gobierno de López Obrador, donde se han detectado más casos de su uso.

Artículo 19 enfatizó que estas denuncias no solo revelan un delito, sino una amenaza estructural: el uso de recursos públicos para espiar a la oposición y a la sociedad civil es una violación grave a los derechos humanos y deja una deuda con la justicia mexicana.