En el laberinto del Congreso mexicano, donde lo jurídico y lo político suelen entrelazarse como cables de audífonos enredados en la bolsa, se está cocinando un tema que ha levantado ámpula en los pasillos del poder: la posible solicitud de desafuero en contra del senador Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”. Sí, el mismo que no pasa desapercibido ni en los memes ni en las noticias políticas.
El diputado Hugo Eric Flores Cervantes, quien preside la Sección Instructora de la Cámara de Diputados —el órgano encargado de revisar si procede o no quitarle el fuero a un legislador para que enfrente la justicia— salió a explicar que, más allá del ruido político, aquí se está haciendo una revisión legal. “Nos pronunciaremos conforme a derecho”, dijo sin titubear, dejando claro que su chamba no es entrarle al debate mediático ni a las grillas partidistas.
¿Y por qué está Alito en la mira? Bueno, resulta que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche —sí, la del estado donde fue gobernador— presentó una solicitud para que se revise su fuero y pueda enfrentar cargos por peculado (que básicamente es usar dinero público como si fuera propio) y uso indebido de funciones (que es hacer cosas que no le correspondían cuando estaba en el poder).
El escándalo no es nuevo. De hecho, según Flores Cervantes, la investigación lleva años cocinándose, y fue apenas hace unos días que llegó a la Cámara de Diputados de manera formal. Por eso, por ahora, no se ha iniciado ningún juicio. Lo único que pasó fue que le avisaron a Alito, por los canales institucionales (oficina y correo electrónico), que hay una solicitud en su contra. Así, sin sorpresas.
Y aunque Alito ya salió a decir que esto es una “cacería política”, el presidente de la Sección Instructora fue claro: “Eso no me toca a mí evaluarlo”. Lo que sí les toca, y en eso andan, es revisar cinco carpetas de investigación que contienen los detalles del caso. Cinco. Así que no es cosa menor.
¿Qué sigue entonces? Por lo pronto, se están tomando el mes de agosto para revisar si esta solicitud cumple con todos los requisitos legales. Si sí, se admite y se arranca el proceso formal, lo cual podría derivar en un juicio político y, eventualmente, en el retiro del fuero. Si no cumple, la propuesta se desecha, pero aun así tendría que pasar al Pleno de la Cámara para su votación, como lo marca la ley.
Y no, no habrá sesión extraordinaria para esto. El tema se resolverá en los tiempos del Congreso: en septiembre, cuando inicie el próximo periodo ordinario de sesiones. Pero antes de eso, la Sección Instructora tiene que emitir un dictamen —básicamente un informe de si sí o si no— para que después el resto de los diputados decidan si le quitan el escudo legal a Alito o no.
Así que, mientras unos gritan “cacería” y otros hablan de justicia, la realidad es que el Congreso está en una especie de sala de espera jurídica. Todo dependerá de lo que digan las carpetas de investigación, y de si los cuatro integrantes de la Sección Instructora —sí, solo cuatro— consideran que hay materia suficiente para proceder.
En política mexicana, nada es tan blanco o negro. Pero lo que sí es claro es que este caso pondrá a prueba no sólo a Alito, sino al Congreso mismo: ¿puede tomarse una decisión legal en medio del ruido político? Pronto lo sabremos.
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