El presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, fue imputado por la Fiscalía General de la República por su presunta participación en delitos relacionados con secuestro, en un caso que involucra también a dos funcionarios clave de su administración municipal.
Durante una audiencia celebrada en el juzgado de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, la FGR presentó imputación en contra de Diego Rivera, así como de Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública, y Juan Gabriel “N”, director de Catastro y Predial del ayuntamiento de Tequila.
En la diligencia judicial, la defensa de los tres imputados solicitó la ampliación del plazo constitucional para que se determine su situación jurídica, por lo que el juez concedió duplicar el término a 144 horas. La audiencia se reanudará la próxima semana, cuando se definirá si los acusados son vinculados a proceso y bajo qué medidas cautelares.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos se remontan a 2021, cuando Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, precandidatos de Morena a la presidencia municipal de Tequila y suplente, respectivamente, fueron privados de la libertad. Según la carpeta de investigación, ambos habrían sido obligados a firmar su renuncia a las aspiraciones políticas mientras se encontraban retenidos.
Adicionalmente, la FGR señala a Diego Rivera y a Juan Manuel “N” por el delito de secuestro agravado, derivado de la presunta privación ilegal de la libertad de un comerciante que se habría negado a pagar derecho de piso, lo que agravaría la responsabilidad penal de los funcionarios implicados.
El caso ha generado fuerte atención en el ámbito político de Jalisco, al tratarse de un alcalde en funciones y de presuntos hechos vinculados tanto a la competencia electoral como a prácticas de extorsión. Hasta el momento, el ayuntamiento de Tequila no ha emitido un posicionamiento oficial, ni se ha informado sobre posibles separaciones del cargo.
La Fiscalía General de la República continuará con la integración de la investigación mientras el juez determina la situación jurídica de los imputados, en un proceso que podría tener repercusiones políticas y administrativas relevantes para el municipio y el estado.
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