¿Agua segura en la calle? Van por regulación estricta

Por Bruno Cortés

Seguro los has visto: esos dispensadores automáticos de agua que están en la calle, en mercados, en centros comerciales o en unidades habitacionales. Metes unas monedas o pasas tu tarjeta, y te llenan tu botella con agua “purificada”. ¿Pero alguna vez te has preguntado de dónde viene esa agua? ¿Quién la revisa? ¿Cada cuánto le cambian el filtro? Pues el diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Partido del Trabajo (PT), sí se lo preguntó, y presentó una iniciativa que busca ponerle lupa a este asunto antes de que nos estalle una crisis de salud.

La propuesta va directo a dos leyes importantes: la Ley General de Salud y la Ley Federal de Protección al Consumidor. Lo que dice, en pocas palabras, es que ya no se va a poder instalar uno de estos dispensadores en la vía pública o en espacios comunitarios si no tienen un permiso sanitario emitido por las autoridades. Y no solo eso: quien los instale deberá demostrar exactamente de dónde viene el agua, cómo se purifica, cuándo fue el último mantenimiento, los resultados más recientes de pruebas bacteriológicas, y quién se hace responsable por el aparato.

Y no, no podrán decir “vuelve mañana para ver los resultados”, porque la información tendrá que estar visible para cualquiera. Además, esos dispensadores tendrán que aguantar inspecciones sanitarias sin previo aviso y deberán contar con una licencia local para poder operar en la vía pública. Nada de poner máquinas al aventón.

Detrás de esta idea está algo muy serio: el derecho al agua no solo es poder tomarla, sino que esa agua no te enferme. En México, las enfermedades gastrointestinales —sobre todo en niñas y niños menores de cinco años— siguen siendo un problema grave. Así que el diputado Manzanilla propone algo sencillo pero poderoso: en vez de esperar a que haya un brote de diarrea masiva o una tragedia por agua contaminada, mejor prevenimos.

Además, se mete con un tema delicado: la publicidad engañosa. Porque si una empresa pone que su agua es 100% purificada, cristalina y libre de bacterias, pero resulta que no lo es, eso no solo es una mentira: es un riesgo sanitario. Por eso, si un proveedor da información falsa sobre la calidad del agua, el proceso de purificación o el mantenimiento del dispensador, se considerará publicidad engañosa, y eso ya tiene castigos legales bastante claros.

Pero ojo, no se trata de castigar la innovación ni de restringir el acceso al agua. Más bien, la idea es poner reglas claras: que cualquier empresa o persona que quiera ofrecer agua al público lo haga con responsabilidad y bajo normas mínimas de sanidad. Porque si vas a usar un servicio así, lo mínimo que mereces es no enfermarte.

La iniciativa ya fue turnada a comisiones en la Cámara de Diputados, específicamente a las de Salud y de Economía. Si pasa, será un paso importante para regular un fenómeno que creció rápido, sin mucha vigilancia, pero que toca directamente la salud y el bolsillo de millones de personas.

Así que la próxima vez que llenes tu garrafón en un dispensador automático, piensa que detrás de esa simple acción hay un debate sobre derechos, salud pública y consumo responsable. Porque sí, todos tenemos derecho a hidratarnos… pero sin riesgos ocultos.