CREAMEDIC Y EL IMSS: UNIDADES LIGERAS, COSTOS INFLADOS Y RIESGOS PARA LOS PACIENTES
Una potencial tragedia se comenzó a gestar cuando la empresa CREAMEDIC, vinculada a Grupo CIE, empresa cuyo giro principal son los espectáculos y el entretenimiento, presentó en Junio del 2024 a funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) un proyecto para construir y poner en operación una clínica de Hemodiálisis en la Ciudad de Aguascalientes utilizando la experiencia obtenida durante la pandemia cuando instalaron centros de atención para pacientes con COVID utilizando estructuras móviles y prefabricadas en varios estados del país. Bajo el argumento de generar ahorros, han justificado este modelo que en realidad es más costoso, más riesgoso y mucho menos duradero. Este no es un caso aislado. Durante la pandemia, Grupo CIE recibió contratos por más de 1,682 millones de pesos para montar unidades médicas temporales. Todos fueron adjudicados directamente, sin licitación abierta, y muchos fueron criticados por su baja calidad y altos costos. Ahora, CREAMEDIC busca repetir ese esquema en el ámbito de la hemodiálisis, sin la infraestructura ni la experiencia necesaria.
Actualmente en Aguascalientes el servicio de Hemodiálisis se otorga a los derechohabientes del Instituto a través de dos modalidades. Servicio Integral, en el que los pacientes son atendidos en instalaciones del IMSS utilizando equipos e insumos de terceros, y Subrogación, donde los pacientes son enviados a clinicas establecidas y que cumplen con los requerimientos de calidad de atención, experiencia y acreditación que este tipo de establecimientos requiere.
La empresa CREAMEDIC justificó la viabilidad de su proyecto para atender principalmente a los pacientes de las clínicas subrogadas, utilizando como referencia un supuesto precio de la atención subrogada de $2,806.18, cuando en realidad el precio que se tiene contratado es de $1,980.00 por sesión. Es decir, se está inflando el precio más de un 40% para lograr justificar el proyecto en el que con el precio inflado se tendría un “ahorro” de solo el 7%. Lejos de ahorrar, se está engañando al Instituto y despilfarrando recursos públicos.
El tipo de construcción que se planea utilizar son estructuras ligeras, móviles, montables y no permanentes es decir, temporales. Estas están hechas con paneles metálicos prefabricados y aislamiento térmico, cuya vida útil es de aproximadamente seis años. Esto representa un riesgo serio para la continuidad y calidad del servicio. Estas instalaciones, además, no cuentan con la certificación sanitaria de COFEPRIS ni del Consejo de Salubridad General. Es fundamental subrayar que las clínicas móviles o temporales para hemodiálisis en el mundo se utilizan únicamente en contextos excepcionales: zonas rurales, desastres naturales, falta temporal de infraestructura o situaciones de emergencia sanitaria. Modelos como los de Odulair, Vertisa o EMS Healthcare están diseñados para operar entre 1 y 20 estaciones de diálisis, con la mayoría oscilando entre 6 y 10. No hay registro en ningún país del mundo de una unidad móvil, montable o prefabricada que opere 94 máquinas, como lo propone CREAMEDIC. Esta escala no tiene precedentes y representa un riesgo operativo y sanitario significativo al intentar ejecutar un modelo tan ambicioso sin sustento técnico o evidencia internacional que lo avale.
Otro punto crítico es el personal. El modelo presentado por CREAMEDIC depende de que el IMSS proporcione médicos y enfermeros. Sin embargo, los procedimientos internos para autorizar nuevas plazas de planta en el IMSS son lentos y burocráticos. Además, el entrenamiento necesario para que una enfermera esté completamente capacitada para manejar hemodiálisis con seguridad y precisión puede tardar entre 3 y 6 meses, según publicaciones especializadas como las de la Sociedad Mexicana de Nefrología y el Colegio Mexicano de Enfermería en Diálisis. En este modelo, no se considera ese tiempo de preparación, lo que podría derivar en errores y complicaciones clínicas graves.
Lo más importante y peligroso es el impacto directo en la salud de los pacientes, pues los riesgos de operar con personal no capacitado son ampliamente conocidos. Estudios del CDC de Estados Unidos revelan que los pacientes en hemodiálisis tienen una probabilidad 100 veces mayor de desarrollar infecciones por Staphylococcus aureus cuando el personal no sigue los protocolos de control. Asimismo, investigaciones en EE.UU. e India han demostrado que la capacitación del personal reduce sustancialmente las tasas de sepsis, infecciones y complicaciones como hipotensión o hemorragias. La falta de entrenamiento adecuado está directamente relacionada con una mayor mortalidad, como lo reporta el estudio DOPPS, que indica una tasa anual de hasta 23.3% cuando el tratamiento es deficiente. Por tanto, confiar en que personal sin la formación específica para terapia dialítica pueda operar una clínica de esta magnitud es un error que puede costar vidas.
La forma en la que se está desarrollando y preparando este proyecto levanta muchas suspicacias. Ya se ha comenzado con Aguascalientes, pero al parecer se planea replicar en otros estados como podrían ser Jalisco, Veracruz, Tlaxcala y Michoacán. Todo indica que se está buscando asegurar contratos plurianuales para garantizar intereses económicos turbios, aún a costa de la salud y la vida de cientos de pacientes renales.
En resumen, el modelo propuesto por CREAMEDIC representa un retroceso. Es más caro, menos seguro, pone en riesgo vidas humanas y compromete la integridad del IMSS. No puede permitirse que intereses particulares se impongan sobre el derecho a la salud y la transparencia institucional.
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