Teoloyucan y el Estado de Derecho: TEEM valida conducción del cabildo y descarta violencia política

En un fallo que fortalece la certeza jurídica en la administración municipal, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) determinó que el presidente municipal de Teoloyucan, Luis Domingo Zenteno Santaella, no incurrió en actos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Al resolver el procedimiento especial sancionador PES/16/2025, la máxima autoridad electoral del estado concluyó que la conducción de las sesiones de cabildo se apegó estrictamente a la normativa vigente, desestimando los señalamientos de obstrucción del cargo realizados por la sexta regidora.

La controversia jurídica, centrada en los hechos ocurridos durante la instalación del ayuntamiento, permitió al Tribunal clarificar los límites entre el debate político y la violencia de género. El análisis de la sentencia destaca que la aplicación del reglamento de sesiones —específicamente en lo referente al uso del apartado de «Asuntos Generales»— es una facultad administrativa legítima y necesaria para el correcto funcionamiento del órgano colegiado.

El proyecto, aprobado por mayoría de votos, subrayó que no existió ningún elemento subjetivo o de género que motivara las decisiones del cuerpo edilicio. Por el contrario, se acreditó que la regidora denunciante ejerció plenamente sus derechos de voz y voto en los puntos sustantivos de la sesión. La decisión de los magistrados de declarar la inexistencia de la infracción protege la autonomía del municipio para organizar sus debates internos bajo reglas claras y equitativas para todos sus miembros, independientemente de su género.

Es relevante destacar que, si bien la protección de los derechos políticos de las mujeres es una prioridad en la agenda democrática actual, el TEEM ha sido puntual en señalar que dicha protección no exime a los funcionarios del cumplimiento de las normas procesales. La resolución exonera al alcalde Zenteno Santaella de cualquier responsabilidad, confirmando que su actuar se circunscribió a mantener el orden y la legalidad parlamentaria.

El caso de Teoloyucan se cierra con una ratificación de la legalidad institucional. La sentencia no solo limpia la imagen de la administración municipal frente a acusaciones infundadas, sino que refuerza el mensaje de que la gobernabilidad y el respeto a los reglamentos son pilares fundamentales para la democracia local. El alcalde y el cabildo continúan sus funciones con el respaldo de una resolución judicial que confirma la rectitud de su proceder.