“Nosotros negamos los permisos”: Alessandra Rojo de la Vega señala al Gobierno de CDMX tras colapso en demolición

El derrumbe se registró en el cruce de Calzada San Antonio Abad y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito, cuando trabajadores realizaban labores de demolición en un inmueble de tres niveles. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el colapso ocurrió durante maniobras de retiro estructural, lo que provocó el desplome parcial de la construcción y dejó atrapados a varios obreros.

El inmueble formaba parte del programa de reconstrucción tras los daños ocasionados por los sismos de 1985 Mexico City earthquake y el 2017 Puebla earthquake. Según información oficial, la demolición estaba a cargo de la empresa Desarrolladora Metropolitana (Demec), que realizaba los trabajos bajo un esquema de facilidades administrativas otorgadas para acelerar procesos relacionados con inmuebles afectados por los sismos.

Sin embargo, la alcaldesa sostuvo que la demarcación rechazó la solicitud de demolición presentada en septiembre de 2025 debido a inconsistencias técnicas y riesgos para trabajadores y vecinos. Posteriormente —señaló— el permiso fue concedido en octubre de ese mismo año por la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, a través de la Comisión para la Reconstrucción, lo que permitió continuar el procedimiento sin cumplir plenamente con los requisitos de seguridad.

Rojo de la Vega acusó que la empresa encargada de la obra tampoco notificó formalmente a la alcaldía el inicio de los trabajos dentro del plazo de tres días que establece la normativa, ni presentó el programa de Protección Civil correspondiente. A su juicio, estas omisiones debieron ser detectadas y detenidas por las autoridades del gobierno central responsables de otorgar la autorización.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Vivienda, Inti Muñoz, rechazó la acusación y aseguró que la alcaldía sí fue notificada del procedimiento. El funcionario argumentó que, conforme al artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías, corresponde a las demarcaciones supervisar las obras y verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad en su territorio.

La controversia ha abierto una disputa institucional sobre la responsabilidad en la supervisión de demoliciones vinculadas al proceso de reconstrucción en la capital. Mientras el gobierno central sostiene que las alcaldías deben vigilar el desarrollo de las obras, la administración de Cuauhtémoc señala que las autorizaciones otorgadas por instancias del gobierno capitalino limitaron su capacidad de intervención.

Ante la polémica, la alcaldesa anunció que hará públicos documentos y oficios que, según afirmó, demostrarían que la demarcación advirtió previamente los riesgos del proyecto y negó los permisos por razones de seguridad. Las investigaciones sobre el colapso continúan a cargo de autoridades capitalinas para determinar posibles responsabilidades administrativas y penales.