Derrumbe en San Antonio Abad: ¿qué se sabe ahora del colapso que dejó tres víctimas?
El colapso de un edificio en proceso de demolición ocurrido el 9 de marzo de 2026 en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, dejó un saldo de tres trabajadores muertos y uno más lesionado, en un accidente que ha puesto bajo investigación posibles irregularidades en las condiciones de seguridad de la obra y la responsabilidad de la empresa encargada de los trabajos.
El derrumbe se registró en el inmueble ubicado en el número 124 de Calzada San Antonio Abad, esquina con Alfredo Chavero, cuando trabajadores realizaban labores en el tercer nivel del edificio, momento en el que las losas cedieron y provocaron el colapso parcial de la estructura. Equipos de emergencia acudieron al sitio para realizar labores de rescate entre los escombros.
De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, el inmueble tenía antecedentes de daño estructural desde los sismos de 1985 y 2017, por lo que había sido catalogado como de alto riesgo. El Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México determinó en 2018 que el edificio debía ser demolido en su totalidad debido a las afectaciones en su estructura.
Sin embargo, verificaciones realizadas por autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc señalaron que los trabajos se realizaban sin un Programa Interno de Protección Civil y con presuntas deficiencias en las medidas de seguridad para los trabajadores, lo que podría haber contribuido al colapso registrado durante las labores de demolición.
En el accidente fallecieron tres trabajadores: Luis Ángel Mejía Correa, originario de Veracruz; Iván Raúl Montiel Vega, de Nezahualcóyotl, Estado de México; y Marcelino Moreno, originario de Michoacán, quienes quedaron atrapados entre los escombros tras el derrumbe. Un cuarto trabajador, identificado como Ángel Miranda —operador de maquinaria de 42 años— resultó con policontusiones y fue trasladado a un hospital, donde posteriormente fue dado de alta tras estabilizarse.
Las autoridades informaron que el predio pertenece al Fideicomiso 777 San Antonio Abad, constituido en 2020 para administrar el proceso de demolición del inmueble, con Marco Antonio Agustín Vargas como representante legal. La obra estaba a cargo de la empresa Desarrolladora Metropolitana (Demec), vinculada al empresario Bernardo Riojas Achútegui y con participación societaria de María del Rocío Parra Rivera.
Tras el incidente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas y penales relacionadas con el accidente, incluyendo la supervisión de la obra, las condiciones laborales y el cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de trabajos.
El caso también ha reactivado demandas de vecinos y organizaciones sociales que solicitan que el predio sea destinado a proyectos de vivienda social, en lugar de desarrollos inmobiliarios privados, además de exigir mayor vigilancia de las autoridades para evitar que obras en demolición o construcción operen sin cumplir con la normativa de seguridad.
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