Advierten riesgos de maltrato en centros de adicciones; presentan guía de supervisión

La falta de supervisión y las prácticas de violencia en algunos centros de tratamiento de adicciones representan un desafío para garantizar los derechos humanos de las personas usuarias. Frente a este escenario, instituciones de México y Uruguay presentaron una guía metodológica para identificar abusos, prevenir la tortura y mejorar las condiciones de atención en estos establecimientos.

El documento, denominado Salvaguardas para el monitoreo de centros de tratamiento de adicciones en América Latina, fue presentado en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, mediante una colaboración entre la Secretaría de Salud Pública capitalina, el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA), la organización Documenta y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Uruguay.

La herramienta establece criterios para realizar visitas de monitoreo, detectar situaciones de riesgo y documentar posibles vulneraciones a los derechos humanos. Entre las prácticas que busca prevenir se encuentran la tortura, el aislamiento, los internamientos involuntarios, los castigos y el trabajo forzado en espacios destinados a la atención de personas con consumo problemático de sustancias.

Durante la presentación, la secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, cuestionó el enfoque estigmatizante y punitivo que históricamente ha predominado en la atención de las adicciones. Sostuvo que la violencia y la humillación no pueden considerarse herramientas terapéuticas ni justificarse bajo el argumento de brindar tratamiento.

Por su parte, la directora general del IASAMA, Amaya Ordorika Imaz, informó que desde julio de 2026 el instituto asumió la responsabilidad de normar y verificar estos establecimientos en el ámbito de sus atribuciones. Explicó que la supervisión debe sustentarse en principios como el consentimiento informado, la voluntariedad del internamiento y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Uno de los principales retos señalados durante el encuentro es la regulación de un sector con distintas modalidades de operación. Erica Viridiana Brindis Almaraz, subdirectora de Operaciones Intersectoriales en Salud Pública de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), informó que se encuentra en su etapa final la actualización de la Norma Oficial Mexicana 028, relacionada con la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

La funcionaria advirtió que aproximadamente 87 por ciento de los establecimientos opera bajo modelos de ayuda mutua y esquemas mixtos, circunstancia que representa un desafío para establecer criterios homogéneos de supervisión y garantizar condiciones adecuadas de atención.

Desde Uruguay, Gianina Podestá, coordinadora del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, destacó que la cooperación internacional permite atender problemas estructurales que no se limitan a las fronteras nacionales. También planteó que la salud mental debe abordarse desde una perspectiva que incluya la dignidad, la autonomía y la justicia social.

En tanto, María Sirvent Bravo-Ahuja, directora ejecutiva de Documenta, señaló que las personas usuarias y quienes han experimentado procesos de institucionalización deben participar en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas relacionadas con estos servicios.

Claudia Alarcón Zaragoza, titular de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, enfatizó que el derecho a recibir un trato digno no puede condicionarse al tipo de sustancia consumida, su legalidad o el establecimiento donde se brinda la atención.

A su vez, María del Rocío Lombera González, coordinadora de Asuntos Internacionales del Gobierno capitalino, sostuvo que garantizar el derecho a la salud también implica asegurar que los espacios de tratamiento estén libres de violencia, discriminación y prácticas que atenten contra la integridad de las personas.

La guía permitirá documentar posibles abusos y formular recomendaciones para mejorar los servicios; sin embargo, su alcance dependerá de que los criterios establecidos se traduzcan en mecanismos efectivos de vigilancia, inspecciones periódicas y medidas correctivas para los establecimientos que incumplan las disposiciones.

La presentación del documento coloca nuevamente en el debate la responsabilidad de las autoridades sanitarias y de derechos humanos frente a los centros de tratamiento de adicciones. El desafío no se limita a establecer lineamientos, sino a garantizar que las personas que buscan atención no queden expuestas a condiciones de encierro, violencia o explotación bajo el argumento de su rehabilitación.