¿Acciones afirmativas en la Ley General de Víctimas? Congreso CDMX analiza reforma con enfoque interseccional

Con el argumento de corregir desventajas históricas y estructurales en el acceso a la justicia, el diputado Alberto Martínez Urincho, integrante de MORENA, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para modificar la Ley General de Víctimas e incorporar el principio de “discriminación positiva” en favor de grupos vulnerables.

Durante la sesión ordinaria del órgano legislativo capitalino, el también presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia propuso adicionar un último párrafo al Artículo 5 de la legislación federal, con el fin de establecer de manera expresa la obligación de aplicar acciones afirmativas a sectores históricamente marginados.

De acuerdo con el legislador, la “discriminación positiva” no implica un trato arbitrario, sino la aplicación práctica de la igualdad sustantiva. “Busca corregir las desventajas históricas y estructurales (…) y asegurar que las personas tengan las mismas oportunidades reales de desarrollo y resultados en la vida, considerando sus particularidades y desventajas”, expuso ante el pleno.

La propuesta señala que este enfoque debe contemplar un trato interseccional, al reconocer que las personas pertenecientes a grupos vulnerables pueden enfrentar múltiples formas de discriminación de manera simultánea. En ese sentido, se plantea que las autoridades diseñen mecanismos diferenciados que atiendan el grado específico de vulnerabilidad de cada víctima.

Según el proyecto presentado, cuando las víctimas formen parte de comunidades indígenas, personas afrodescendientes, adultas mayores o personas con discapacidad, las autoridades federales y estatales deberán adoptar medidas proactivas, acciones afirmativas y esquemas de atención prioritaria en el acceso al modelo integral de atención a víctimas, así como en la asignación de recursos de ayuda y demás beneficios previstos en la ley.

El legislador sostuvo que con la incorporación explícita de este principio se formalizaría la obligación del Estado mexicano de implementar políticas públicas diferenciadas en materia de reparación integral, acompañamiento jurídico y acceso a la justicia, lo que, a su juicio, permitiría reducir brechas persistentes en la atención institucional.

No obstante, la iniciativa deberá ser analizada por la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso local, instancia a la que fue turnada por la Mesa Directiva. En caso de ser aprobada por el pleno capitalino, el proyecto será remitido al Congreso de la Unión para su discusión y eventual aprobación, al tratarse de una reforma a una ley de carácter federal.

El proceso legislativo abre el debate sobre el alcance y los límites de las acciones afirmativas dentro del marco jurídico nacional, particularmente en un contexto en el que organizaciones civiles y organismos públicos han señalado retos en la implementación efectiva de la Ley General de Víctimas y en la garantía de atención diferenciada para sectores históricamente excluidos.